El presidente Javier Milei firmó el proyecto de ley de Ficha Limpia antes de viajar a Estados Unidos, donde asistirá a la asunción de Donald Trump. Este proyecto, que será enviado al Congreso para su tratamiento en sesiones extraordinarias, tiene como objetivo principal modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos para impedir que personas condenadas por corrupción puedan ser candidatas a cargos públicos o ejercer funciones de alta jerarquía en la Administración Pública Nacional.
El proyecto establece la inelegibilidad de aquellos condenados en primera y segunda instancia por delitos vinculados a la corrupción en el ejercicio de la función pública y en perjuicio de la Administración Pública. Además, introduce restricciones para ocupar cargos como Jefe de Gabinete, Ministros, Secretarios de Estado y Subsecretarios, entre otros, garantizando así la idoneidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Nacional.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que afectaría directamente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cuenta con una condena en doble instancia por corrupción. Esta medida desmiente las especulaciones sobre un supuesto acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo para permitir su participación en futuras elecciones.
Según fuentes oficiales, Milei trabajó personalmente en la “letra chica” de la iniciativa junto con el ministro de Defensa, Luis Petri, y un equipo de abogados, con el objetivo de garantizar su solidez jurídica y su pronta implementación. La normativa establece que la inelegibilidad se aplicará desde el momento en que se dicte la sentencia condenatoria, siempre que esta se dé antes del inicio de un año electoral. En caso contrario, el condenado podrá participar en esa elección, pero quedará inhabilitado para las siguientes.
El gobierno ha enfatizado que la ley de Ficha Limpia busca reforzar la transparencia y la confianza en el sistema político argentino, asegurando que quienes aspiren a representar a la sociedad cumplan con los principios de integridad y honestidad. Además, se creará un Registro Público para Ficha Limpia, que permitirá a las autoridades electorales verificar rápidamente si un candidato tiene condenas en su contra, evitando así posibles maniobras para eludir la normativa.
A diferencia de legislaciones anteriores que exigían sentencia firme, el proyecto de Milei contempla la figura del “doble conforme” como criterio suficiente para aplicar la inelegibilidad. Esto significa que una persona condenada en primera y segunda instancia quedará impedida de postularse, sin necesidad de esperar una sentencia definitiva, que en Argentina puede demorar varios años debido a los tiempos judiciales. Esta decisión busca evitar que delincuentes condenados utilicen la lentitud del sistema judicial para seguir participando en la vida política.
La iniciativa ha sido bien recibida por sectores que promueven la lucha contra la corrupción, destacando que es un paso fundamental para sanear la política argentina y evitar que funcionarios deshonestos continúen en el poder. Sin embargo, desde el kirchnerismo y otros sectores de la oposición se han levantado críticas, argumentando que la medida podría utilizarse con fines políticos para proscribir a ciertos dirigentes. No obstante, el gobierno de Milei ha asegurado que el proyecto respeta plenamente el debido proceso y las garantías constitucionales, ya que la inelegibilidad solo se aplicará a aquellos que hayan sido condenados en dos instancias.
La aprobación de Ficha Limpia sería un golpe significativo para el kirchnerismo, que ha visto cómo varios de sus referentes, incluida Cristina Kirchner, enfrentan causas judiciales por corrupción. En este contexto, el proyecto refuerza la idea de un cambio en la política argentina, en línea con la promesa de Milei de terminar con la “casta política” y erradicar la corrupción institucional.
En conclusión, el proyecto de ley de Ficha Limpia representa una medida histórica en la lucha contra la corrupción en Argentina. Con su rápida implementación, el gobierno de Milei busca garantizar que solo aquellos ciudadanos sin antecedentes de corrupción puedan acceder a cargos públicos, fortaleciendo la transparencia y la confianza en el sistema democrático del país. Ahora, la decisión está en manos del Congreso, que deberá debatir y votar esta iniciativa en las próximas sesiones extraordinarias.
Fuente: Infobae