El presidente del Tribunal de Cuentas (TC) de la Provincia, Miguel Chaibén Terraf, concretó una denuncia penal contra la intendenta Rossana Chahla y contra el fiscal municipal, Conrado Mosqueira, por considerar que ambos funcionarios incumplieron con sus deberes al no retirar una serie de afiches calificados como difamatorios colocados en la vía pública, a pesar de los pedidos efectuados formalmente.
El abogado de la Capital, en tanto, negó que hubiera existido tal omisión.
El presidente del Tribunal de Cuentas, a través de los abogados Camilo Atim y Florencia Abdala, realizó la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) y solicitó que se le otorgue el rol de querellante en el proceso.
Sostuvo que, en los últimos años, sufrió “campañas de desprestigio” que buscaban “torcer mis valores y principios”. “Recibí denuncias penales totalmente improcedentes e infundadas, incluso me presionaron con un pedido de juicio político también infundado, todo lo cual fue archivado por carecer de sustento fáctico, lógico, probatorio y legal”, agregó. En ese contexto, dijo, durante este último tiempo fue blanco “de afiches anónimos y difamatorios” colocados en la vía pública con el objeto de “dañar la imagen y reputación mía, de mi familia y la del Tribunal de Cuentas”.
Terraf manifestó que Chahla y Mosqueira “tienen pleno conocimiento” de esta situación, e incluso fueron notificados sobre “los lugares exactos donde se encuentran ubicadas las cartelerías difamatorias”. “Además conocen su obligación legal de retirar las mismas”, agregó.
En el escrito, el denunciante describió el texto expresado en los carteles; detalló que, además de su rostro y su apellido, aparecen sus pares del organismo de control. Agregó que, según las ordenanzas vigentes, el municipio es la autoridad de aplicación con competencia en la gestión del espacio público. Y argumentó que el contenido de esos afiches “afecta a las buenas costumbres, tratándose de expresiones de odio, de falsas imputaciones que atentan a su vez, contra la democracia al permitir y autorizar denigrar a una institución de trascendencia como la que presido y a los funcionarios que formamos parte de ella”. Luego, agregó como prueba un registro efectuado con escribano público sobre la presencia de estos afiches en distintos puntos de la ciudad. Y si bien hubo una respuesta de Mosqueira, dijo Terraf, “fue solo una formalidad”.
Desde el municipio
Mosqueira señaló que “Terraf envió una nota al municipio solicitando la remoción de carteles críticos a su gestión”. Dijo que se formó un expediente, aunque luego se reiteró la nota. “A los pocos días envió un carta documento reclamando una millonaria indemnización. Ahora avanzó con una denuncia penal a la intendenta y a mí por supuesto incumplimiento de deberes, lo que además de improcedente, parece un acto de prepotencia e intimidación”, afirmó. El funcionario dijo que todos los pedidos “tuvieron su trámite administrativo en tiempo y forma”, y que Catastro informó que “cuatro carteles fueron removidos”, mientras que “uno se encontraba dentro de la línea de edificación privada y otro en un inmueble provincial sobre el que el municipio no tiene autoridad (el Casino)”. “Eso se le informó a Terraf a través de Fiscalía Municipal, en tiempos administrativos normales. No hay falta u omisión de nuestra parte”, añadió. Mosqueira dijo que “los funcionarios públicos estamos sometidos a la crítica republicana de nuestra gestión, por incómoda que pueda resultar, en virtud de la libertad de expresión existente, un derecho no solo individual sino de la sociedad toda”. “No advertimos que la crítica sobre la gestión de un funcionario público pueda considerarse contraria a la moral, buenas costumbres o ser discriminatoria. Ojalá (Terraf) reflexione, deje de lado estas acciones que nada construyen y nos deje seguir enfocando todas nuestras energías en la gestión”, indicó Mosqueira./La Gaceta
