Las balaceras ya no son episodios aislados. El aumento de homicidios, la presencia cada vez más frecuente de armas de fuego y el crecimiento de los conflictos vinculados al consumo y la comercialización de drogas encendieron las alarmas en Tucumán. Especialistas, fiscales y vecinos advierten sobre una escalada de violencia que atraviesa distintos sectores de la sociedad y que comienza a instalarse como una preocupante realidad cotidiana.
Los recientes tiroteos ocurridos tanto en barrios periféricos como en pleno centro de San Miguel de Tucumán volvieron a poner en primer plano una problemática que combina armas, narcotráfico, conflictos personales y una creciente naturalización de las respuestas violentas.
Aunque los últimos hechos generaron conmoción por haber ocurrido en zonas de intensa circulación de personas, para investigadores y operadores judiciales forman parte de una tendencia que se viene consolidando desde hace varios años. Las armas de fuego ya aparecen en discusiones de tránsito, conflictos familiares, peleas entre vecinos y disputas relacionadas con el narcomenudeo.
Crecen los homicidios y los conflictos armados
Las estadísticas reflejan esa preocupación. Antes de finalizar el primer semestre de 2026, la cantidad de homicidios registrados en la provincia ya mostraba un incremento del 16% respecto al mismo período del año anterior.
Otro dato inquietante es que siete de cada diez conflictos que llegan a la Justicia terminan con al menos una persona baleada, un indicador que expone el nivel de violencia con el que se resuelven cada vez más disputas.
Los registros también muestran un cambio en los móviles de las muertes violentas. Mientras los homicidios cometidos durante robos descendieron levemente, crecieron aquellos vinculados con conflictos interpersonales, disputas barriales y femicidios.
A ello se suma un fenómeno que preocupa especialmente a fiscales e investigadores: los homicidios relacionados con el consumo y la comercialización de drogas se duplicaron durante el último año.
Fuentes judiciales sostienen que las sustancias ilícitas aparecen actualmente en más del 90% de las causas penales que se tramitan en la provincia, ya sea por consumo problemático o por actividades vinculadas a la venta de estupefacientes.
Armas en la calle y conflictos que escalan
Los recientes casos ocurridos en el centro tucumano expusieron una realidad que preocupa a especialistas en seguridad. En pocos días se registraron hechos protagonizados por personas armadas que reaccionaron violentamente ante situaciones cotidianas.
Uno de los episodios involucró a un automovilista que hirió a un ciclista durante una discusión, mientras que otro tuvo como protagonista a un exmilitar que atacó a su expareja, hirió a un cuidacoches y luego se quitó la vida.
Especialistas coinciden en que el problema no radica exclusivamente en la compra de armas, sino en la decisión de muchas personas de portarlas permanentemente y utilizarlas ante cualquier conflicto.
“Antes las armas quedaban guardadas en las casas. Hoy muchas personas las llevan consigo en todo momento y pueden recurrir a ellas sin estar preparadas emocionalmente para enfrentar una situación de tensión”, explicó un instructor de tiro consultado sobre la problemática.
Desde el ámbito judicial también advierten sobre esta conducta. Consideran que quienes adquieren un arma con fines de protección terminan incorporándola a su vida cotidiana, aumentando significativamente los riesgos de que sea utilizada ante una discusión o situación conflictiva.
La justicia por mano propia, otro fenómeno en crecimiento
La escalada de violencia también se refleja en casos donde particulares deciden actuar por cuenta propia frente a hechos delictivos.
Uno de los episodios más resonantes ocurrió en Los Nogales, donde un productor rural mató de un disparo a un joven que presuntamente ingresó a una finca para sustraer naranjas.
Mientras la defensa sostiene que existió un exceso en la legítima defensa, la querella denuncia que la víctima fue abandonada sin recibir asistencia médica y compara este tipo de hechos con fenómenos de justicia por mano propia registrados en otras regiones de América Latina.
La situación reabrió el debate sobre los límites de la defensa de la propiedad privada y el riesgo de que la violencia se convierta en una respuesta socialmente aceptada frente a la inseguridad.
Barrios marcados por las balaceras
La influencia del narcotráfico y el consumo problemático aparece con fuerza en varios de los homicidios registrados durante los últimos meses.
El asesinato de Carlos Romano Hardoy cuando se dirigía a comprar drogas, el femicidio de Cynthia Lazarte y los enfrentamientos armados registrados en San Cayetano son algunos de los casos que reflejan el impacto de este fenómeno.
Precisamente en San Cayetano, una disputa territorial vinculada a la venta de estupefacientes derivó en una balacera que dejó a un joven gravemente herido y que, según la investigación, involucró a más de una decena de personas, varios de ellos menores de edad.
Vecinos de distintos barrios aseguran que los enfrentamientos armados se volvieron cada vez más frecuentes y que muchas veces ocurren a plena luz del día.
“Estamos cansados de estas banditas que se agarran a tiros constantemente. Los enfrentamientos ya forman parte de nuestra vida cotidiana”, expresó la madre de un joven herido en uno de esos episodios.
Una problemática que atraviesa toda la sociedad
Las estadísticas, los expedientes judiciales y los testimonios de los vecinos muestran un panorama preocupante. La violencia ya no aparece limitada a determinados sectores ni asociada exclusivamente al delito tradicional.
Se manifiesta en conflictos familiares, disputas barriales, discusiones de tránsito, problemas derivados del consumo de drogas y enfrentamientos por territorios vinculados al narcomenudeo.
El denominador común se repite en la mayoría de los casos: armas de fuego cada vez más presentes, conflictos que escalan rápidamente y una sociedad que parece acostumbrarse a respuestas violentas frente a situaciones cotidianas.
Mientras tanto, especialistas advierten que el desafío ya no pasa únicamente por investigar cada caso en particular, sino por abordar el fenómeno como un problema social estructural que requiere respuestas integrales en materia de seguridad, salud mental, prevención de adicciones y contención comunitaria.
