Un interno alojado en la Unidad N°1 del Penal de Villa Urquiza fue condenado por continuar manejando una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en Tucumán mientras cumplía una pena previa por trata de personas. Se trata de Walter Ayala, quien coordinaba desde su celda la captación de víctimas, administraba publicaciones en sitios de oferta sexual y controlaba el dinero generado por la red mediante el uso de teléfonos celulares prohibidos dentro del establecimiento penitenciario.
La condena fue dictada por la jueza federal Carina Farías en el marco de un juicio abreviado, luego de que Ayala y Alejandra Galván reconocieran su responsabilidad penal. El hombre recibió una pena de 12 años de prisión, mientras que Galván fue sentenciada a ocho años por su rol dentro de la estructura delictiva. Además, la Justicia ordenó una reparación económica superior a los $130 millones para las ocho víctimas identificadas durante la investigación.
La causa estuvo encabezada por el fiscal federal Pablo Camuña, quien logró acreditar que Ayala continuaba operando la red de explotación sexual desde el interior de la cárcel. Según la investigación, utilizaba celulares ilegales para contactar mujeres en situación de vulnerabilidad a través de redes sociales y luego publicaba sus perfiles en la plataforma de oferta sexual Skokka, donde también definía los nombres ficticios con los que serían promocionadas.
De acuerdo a la pesquisa judicial, Galván cumplía funciones fundamentales fuera del penal. Era la encargada de supervisar los departamentos utilizados para concretar los encuentros sexuales en San Miguel de Tucumán, organizar sesiones fotográficas y videos para promocionar a las víctimas y recaudar el dinero obtenido por la organización.
La resolución judicial también estableció una millonaria reparación económica que contempla daño moral, lucro cesante y el recupero de las ganancias ilegales obtenidas por la red durante el tiempo en que operó.
El caso volvió a generar preocupación sobre los controles internos dentro del Penal de Villa Urquiza, luego de comprobarse que un condenado por trata de personas pudo continuar liderando actividades criminales desde el interior de la cárcel utilizando dispositivos prohibidos.
