Un grave caso de corrupción y violencia institucional sacude a Tucumán. Cuatro policías, entre ellos un comisario, irán a juicio oral acusados de haber secuestrado a un joven sospechado de vender marihuana y exigirle dinero a su madre a cambio de liberarlo. Los efectivos ya fueron separados de la fuerza y la causa avanzó luego de que la Justicia Federal reuniera pruebas, chats y testimonios que contradicen la versión policial.
El hecho ocurrió el 23 de febrero de 2024. Según la investigación, los efectivos Ángel Sebastián Gómez, Sergio Daniel Díaz y Franco Javier Jiménez, junto a un civil identificado como Facundo Nahuel Amaya, actuaron bajo las órdenes del comisario Gustavo Ezequiel Morales para privar ilegalmente de la libertad a un joven identificado como L.G.
De acuerdo con la acusación, los implicados interceptaron a la víctima en un barrio privado ubicado sobre avenida Silvano Bores al 300 y la obligaron a subir a un Renault Mégane perteneciente a uno de los policías. Luego la trasladaron hasta la Jefatura de Zona III, en la zona sur de la capital tucumana.
La investigación sostiene que durante el trayecto y ya dentro de la dependencia policial, el joven fue golpeado y amenazado. Paralelamente, uno de los involucrados obtuvo el número de teléfono de la madre de la víctima y comenzó la negociación para exigir dinero a cambio de su liberación.
Según consta en la causa, los acusados amenazaron con involucrar al joven en una causa por narcotráfico si la familia no entregaba efectivo. Finalmente, la madre se presentó en el lugar acordado y pagó $240.000 para recuperar a su hijo.
Uno de los elementos más comprometedores para los imputados fueron los chats de WhatsApp secuestrados durante la investigación. Allí, según reveló la fiscalía, los efectivos hablaban de realizar “un trabajo de merca” y utilizaban frases como “apurar a la vieja” para presionar a la madre del joven y acelerar el pago del rescate.
El fiscal federal Agustín Chit sostuvo además que no existía ninguna orden judicial ni expediente abierto contra la víctima. También destacó que el ingreso del joven nunca fue registrado oficialmente en la dependencia policial y que un guardia confirmó la presencia de los acusados y del secuestrado esa noche en la Jefatura.
Tras rechazar los planteos de las defensas, el juez federal Guillermo Díaz Martínez resolvió elevar la causa a juicio oral. Los efectivos serán juzgados por secuestro extorsivo agravado, mientras que el comisario Morales enfrentará cargos como partícipe de la maniobra. Además, la Justicia habilitó a la víctima y a su madre a iniciar una demanda civil contra el Estado por los daños sufridos.
