Una nueva modalidad de estafa comenzó a generar preocupación en Tucumán, donde delincuentes simulan ser efectivos policiales o funcionarios judiciales para extorsionar a víctimas mediante amenazas vinculadas a falsas investigaciones penales.
Según advirtió el abogado Sebastián Bauque, las maniobras crecieron en los últimos meses y ya dejaron más de una decena de damnificados en la provincia. Los estafadores utilizan principalmente causas relacionadas con abuso sexual infantil o intercambio de imágenes íntimas para generar miedo y exigir transferencias de dinero.
Una de las modalidades detectadas consiste en el envío de correos electrónicos falsamente atribuidos a la Policía Federal Argentina. Los mensajes alertan sobre supuestas investigaciones iniciadas a partir del rastreo de direcciones IP y aseguran que la persona estaría involucrada en delitos graves.
A partir de allí, los delincuentes presionan psicológicamente a las víctimas y les exigen comunicarse “de manera urgente” para resolver la situación. “Tienen un relato muy convincente. Aunque la persona sabe que no cometió ningún delito, entra en pánico y termina cayendo en la trampa”, explicó Bauque.
Otra modalidad opera mediante perfiles falsos en Facebook y aplicaciones de citas. En esos casos, los delincuentes se hacen pasar por jóvenes mujeres o incluso menores de edad para generar conversaciones privadas e intercambiar contenido íntimo. Luego aparece un supuesto familiar o un falso policía denunciando que la víctima habría mantenido contacto con una menor.
“Generalmente llaman diciendo que son de una comisaría de Buenos Aires y que existe una denuncia penal en trámite”, relató el abogado. El objetivo final siempre es el mismo: exigir dinero para evitar supuestos allanamientos, detenciones o procesos judiciales.
De acuerdo con Bauque, las bandas montan escenas muy elaboradas para dar credibilidad a la maniobra. “Hablan como policías, usan términos judiciales y hasta ponen sonidos de handys o radiollamados de fondo para asustar”, señaló.
Otro aspecto alarmante es la cantidad de información personal que manejan los delincuentes. Según el letrado, muchas veces conocen domicilios, lugares de trabajo, nombres de familiares e incluso datos de hijos menores, lo que incrementa la presión psicológica sobre las víctimas.
Además, explicó que el dinero no se transfiere a cuentas bancarias tradicionales, sino a billeteras virtuales abiertas a nombre de terceros. Luego los fondos son rápidamente movidos entre distintas cuentas para dificultar el rastreo.
Finalmente, Bauque pidió desconfiar de cualquier llamada, mensaje o correo donde supuestos policías, fiscales o funcionarios soliciten dinero para cerrar investigaciones judiciales. “La Justicia no funciona así. Nadie pide plata para evitar una causa o una detención”, remarcó.
También recomendó cortar inmediatamente la comunicación, no brindar información personal y realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades o fiscalías especializadas en estafas.
