La modernización laboral en Argentina sumó un nuevo respaldo judicial luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolviera que la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo contra el Estado Nacional deberá tramitar en ese fuero y no en la Justicia del Trabajo.
La decisión, firmada por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, confirmó la competencia del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 12, donde continuará el análisis de fondo sobre la constitucionalidad de la norma aprobada por el Congreso.
El conflicto se originó a partir de un planteo de inhibitoria impulsado por el Estado Nacional, que solicitó el traslado del expediente desde el fuero laboral al contencioso administrativo. La representación oficial estuvo a cargo de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.
Si bien el planteo había sido inicialmente aceptado en el ámbito federal, fue rechazado por la Justicia del Trabajo, lo que derivó en la intervención de la Cámara. Finalmente, el tribunal respaldó la postura del Gobierno y sostuvo que el caso excede una discusión laboral ordinaria, ya que involucra cuestiones de orden federal, como la organización del sistema judicial, la asignación de competencias y la participación del Estado.
En su resolución, los camaristas también cuestionaron el accionar del juez laboral interviniente, al señalar que se apartó del procedimiento previsto y generó un conflicto que afectó la celeridad del trámite en una causa de relevancia institucional.
El fallo refuerza uno de los argumentos centrales del Gobierno encabezado por Javier Milei: las normas que modifican la competencia judicial son de orden público y deben aplicarse de manera inmediata, incluso en causas en trámite, siempre que no se vulneren actos procesales ya cumplidos. En esa línea, la Cámara rechazó la postura sindical que sostenía que estos cambios no podían implementarse automáticamente.
Además, el tribunal remarcó que dentro de la legislación cuestionada existen aspectos claramente federales, como disposiciones vinculadas al Fondo de Asistencia Laboral y la intervención del Estado Nacional, lo que justifica la competencia del fuero contencioso administrativo.
La resolución se suma a un fallo previo favorable al Ejecutivo en torno a la vigencia de la modernización laboral, consolidando una serie de decisiones judiciales que avalan el avance del proceso de cambios impulsado por la administración nacional.
De este modo, el Gobierno logra fortalecer su estrategia en uno de los ejes centrales de su programa económico, orientado a la actualización del marco normativo laboral, con el objetivo de dotar de mayor previsibilidad jurídica al sistema y acompañar una dinámica más flexible en el mercado de trabajo.
