El Gobierno nacional intentará avanzar hoy en el Congreso con la modificación de la Ley de Glaciares (26.639), una norma clave para la protección de las reservas de agua dulce en la Argentina. La iniciativa genera un fuerte debate por los cambios que podrían habilitar actividades económicas en zonas actualmente protegidas.
El proyecto plantea una redefinición de los alcances de la ley vigente, especialmente sobre el ambiente periglacial, lo que reduciría la cantidad de áreas bajo protección. Además, propone otorgar mayor participación a las provincias en la determinación de qué zonas cumplen una función hídrica estratégica.
Otro de los puntos centrales es la eliminación de prohibiciones automáticas. Actividades como la minería o la explotación hidrocarburífera podrían desarrollarse siempre que cuenten con estudios de impacto ambiental aprobados. En ese marco, también se abriría la posibilidad de avanzar con proyectos productivos en regiones que hoy están vedadas por la normativa actual.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca ordenar el marco legal y generar condiciones más claras para el desarrollo económico, evitando interpretaciones amplias que, según afirman, han frenado inversiones en distintas provincias.
Sin embargo, especialistas y sectores ambientalistas advierten que los cambios podrían implicar una reducción en la protección de los glaciares y poner en riesgo reservas clave de agua dulce. También cuestionan la delegación de facultades en las provincias, señalando que podría derivar en criterios desiguales a nivel nacional.
El debate vuelve a poner en tensión dos ejes centrales: la necesidad de impulsar la actividad económica y la obligación de preservar recursos naturales estratégicos. La definición en el Congreso será determinante para el futuro de la política ambiental en el país.
