La ciudadanía por inversión es el eje de una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que busca fomentar el ingreso de capitales extranjeros, promover inversiones de largo plazo y consolidar proyectos productivos estratégicos para la economía argentina.
La administración libertaria avanza en la implementación de un programa de Ciudadanía por Inversión, cuya puesta en marcha comenzó a tomar forma tras la reglamentación del marco legal en julio de 2025. El esquema se integra a la estrategia oficial orientada a fortalecer el flujo de inversiones y a posicionar al país como un destino atractivo para grandes capitales internacionales.
En ese contexto, el Gobierno lanzó semanas atrás una licitación para estructurar su propio programa estratégico, inspirado en modelos aplicados en otros países. Entre los antecedentes tomados como referencia se encuentra el régimen EB-5 de Estados Unidos, un sistema orientado a atraer inversores extranjeros mediante la concesión de beneficios migratorios.
La propuesta se complementa con la plena vigencia del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), uno de los pilares del plan económico del oficialismo. Ambos instrumentos apuntan a generar previsibilidad, promover inversiones sostenidas en el tiempo y potenciar el desarrollo de sectores considerados clave.
El régimen de ciudadanía fue reglamentado a través del Decreto 524/2025, que estableció los lineamientos generales del sistema. De acuerdo con la normativa, los extranjeros que realicen una inversión significativa —según los criterios que defina el Ministerio de Economía— podrán solicitar la ciudadanía argentina mediante un procedimiento específico.
La gestión de las solicitudes estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado que funcionará en la órbita del Ministerio de Economía. Entre sus funciones se incluyen la recepción de los pedidos, la evaluación del cumplimiento de los requisitos de inversión y la coordinación con distintos organismos del Estado.
El esquema prevé la intervención de múltiples áreas, entre ellas la Dirección Nacional de Migraciones, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia y el Renaper, con el objetivo de garantizar controles cruzados, trazabilidad de los fondos y cumplimiento de las exigencias legales.
La iniciativa se inscribe en un modelo utilizado a nivel internacional: más de 80 países cuentan con programas de ciudadanía o residencia vinculados a inversiones en sectores estratégicos. Según estimaciones preliminares, el programa impulsado por el Gobierno de Milei podría captar más de USD 2.500 millones en inversión extranjera directa y permitir que unas 5.000 familias accedan a la ciudadanía argentina tras cumplir con los requisitos establecidos.
Países como Estados Unidos, Canadá, Portugal y varias naciones del Caribe ya implementaron esquemas similares con resultados positivos, consolidando este tipo de herramientas como una vía efectiva para atraer inversiones y promover el crecimiento económico.
