La fiscal Betina Lacki solicitó este miércoles la prisión preventiva para Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñóz, ambos empleados peronistas del Senado de la provincia de Buenos Aires, acusados de haber liderado una secta que habría cometido al menos ocho hechos de abuso sexual agravado en la ciudad de La Plata.
Los imputados se encuentran detenidos y procesados por abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por el grave daño a la salud psicofísica de las víctimas, en concurso real con privación ilegal de la libertad. Según la investigación, algunos de los hechos habrían ocurrido dentro de oficinas de la Legislatura bonaerense, un dato que agrava el cuadro institucional del caso.
El pedido fue presentado ante el juez de Garantías Juan Pablo Masi, quien tiene un plazo de cinco días para resolver. Previamente, este viernes a las 12, se realizará una audiencia en el marco del artículo 168 bis, solicitada por la defensa, donde los abogados podrían pedir una morigeración de la detención, como el arresto domiciliario, o cuestionar la prueba reunida.
Los fundamentos del pedido fiscal
La fiscal Lacki sostuvo su solicitud en la pena en expectativa, que podría alcanzar los 15 años de prisión, el riesgo de fuga y el peligro de entorpecimiento de la investigación, ya que los acusados habrían continuado acosando a las víctimas e interfiriendo en la causa.
Además, la fiscal pidió la acumulación de dos expedientes que tramitan en distintos juzgados, uno a cargo de Masi y otro del juez Pablo Raele, solicitando que se unifique la competencia para evitar decisiones contradictorias.
Investigación sobre responsabilidades políticas
Fuentes judiciales indicaron que también se investiga el rol de distintos funcionarios que habrían conocido o estado al tanto de lo que ocurría dentro del Senado provincial y no realizaron denuncias, pese a la gravedad de los hechos, incluso tratándose de delitos de instancia privada.
Este punto abre interrogantes sobre los mecanismos de control interno y la eventual protección política dentro de estructuras del Estado provincial.
Cómo operaba la secta, según la fiscalía
De acuerdo a la acusación, la organización funcionó entre 2015 y 2019 con una estructura piramidal. Rodríguez era señalado como el líder absoluto, autodenominado “Dios Kiei”, una figura con supuestos poderes sobrenaturales y autoridad total sobre las víctimas, a quienes sometía psicológica y sexualmente.
Silva Muñoz, por su parte, cumplía el rol de “Sensei” o guía espiritual. Según los testimonios, utilizaba su vínculo de confianza para persuadir a las víctimas de mantener relaciones sexuales con Rodríguez, bajo la idea de una supuesta “trieja espiritual” que no podía romperse.
Las víctimas habrían sido captadas en distintos ámbitos: militancia política, universidad y encuentros de mujeres. La pareja era referente del movimiento “La Capitana”, una agrupación kirchnerista platense que militó para Unión por la Patria y se define como feminista y popular.
En algunos casos, según la causa, las víctimas fueron llevadas al domicilio de los acusados o incluso a oficinas del Senado bonaerense, donde quedaban encerradas con Rodríguez para que se consumaran los abusos.
Mientras la Justicia define si ambos continúan detenidos de manera preventiva, el caso pone en foco no solo la gravedad de los delitos denunciados, sino también el uso de cargos públicos y espacios estatales para cometerlos, así como la posible connivencia o silencio de sectores políticos que rodeaban a los acusados.
