Un delincuente de 23 años quedó detenido con prisión preventiva por 20 días tras agredir a un niño de 10 años para robarle el teléfono celular, en un violento episodio ocurrido en el barrio 2.600 Viviendas. El sujeto ya tenia varias denuncias y un largo historial delictivo y conflictivo.
La medida fue dispuesta por la Justicia luego de una audiencia en la que se evaluaron los riesgos procesales y los antecedentes del imputado. La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Feria, conducida por la fiscal Mariana Rivadeneira.
Tras solicitar 60 días de prisión preventiva debido a su extenso prontuario, con múltiples causas y condenas anteriores, señalando que existe riesgo de fuga y reincidencia, el juez resolvió fijar la prisión preventiva en 20 días, durante los cuales el imputado permanecerá detenido mientras continúa la investigación.
Según la reconstrucción el hecho ocurrió el 7 de enero, al rededor de las 22.30, cuando el menor se encontraba jugando en la vereda de su domicilio y fue sorprendido por el delincuente que comenzó a forcejearle el celular, y tras ver que no lograba concretar el robo comenzó a golpear al menor, el delincuente pudo robarle el celular, pero tras el forcejeo el menor alertó a los vecinos del lugar.
Tras emprender la huida con el celular en mano, el delincuente se vio acorralado con los vecinos que lo perseguían y lograron retenerlo en el lugar.
Por estos hechos, el delincuente fue imputado como autor del delito de tentativa de robo simple -que dicho sea de paso de tentativa no hubo nada ya que el robo se concretó en el momento añadiendo el uso de fuerza contra el menor-.
El juez interviniente avaló la necesidad de aplicar una medida de coerción, aunque resolvió fijar la prisión preventiva por un plazo menor, estableciéndola en 20 días, tiempo durante el cual el imputado permanecerá detenido mientras avanza la investigación judicial.
Aunque para la fiscal el argumento de los 60 días que se pensaban en un principio, el largo historial evidencia una falta de adaptación a las normas de convivencia y configura un riesgo concreto de fuga, ya que, en caso de ser condenado, podría enfrentar una nueva pena de prisión.
