La Justicia avanzó en la investigación por abuso sexual que involucra al delegado comunal de Huasa Pampa Sur, con nuevos elementos que complican su situación procesal y generan fuerte impacto político e institucional.
La causa por abuso sexual que tiene como imputado al delegado comunal de Huasa Pampa Sur llamado Alberto Federico Villafañe sumó en las últimas horas nuevos detalles que profundizan la gravedad de la denuncia y mantienen en vilo a la comunidad. Según trascendió en el ámbito judicial, la investigación avanza con declaraciones, pericias y medidas probatorias que fortalecen la acusación presentada por la víctima. fue allanado el jueves en el marco de una causa judicial por abuso sexual, en un procedimiento que arrojó resultado positivo y terminó con el secuestro de celulares y equipos informáticos considerados clave para la investigación.
Mientras tanto, el delegado comunal continúa bajo la lupa judicial y su situación podría derivar en definiciones clave en las próximas semanas. La causa por abuso sexual se mantiene abierta y en etapa investigativa, a la espera de nuevas resoluciones que determinarán los pasos a seguir. En paralelo, el caso reaviva un debate más profundo sobre la necesidad de terminar con la lógica de feudos comunales y cargos entregados como premios políticos, una práctica que el peronismo ha sostenido durante décadas y que hoy vuelve a quedar expuesta en uno de los episodios más sensibles que atraviesa el interior tucumano.
A continuación le refrescamos la memoria al lector, ya que no se trata de la primera vez que un delegado comunal abuso de sus funciones para beneficio propio.
Cristina Contreras: Denuncias por malversación y abuso de poder
En la localidad de Las Cejas, recientemente salió a la luz una denuncia dirigida contra la delegada comunal, acusada de haber utilizado fondos públicos para la construcción de una vivienda particular. Según el exsecretario de Transporte Enrique Romero, la funcionaria habría dispuesto recursos destinados a obras comunales para edificar una lujosa casa en El Cadillal, un hecho que él comparó con manejos autoritarios y presuntas maniobras ilegales dentro de esa jurisdicción. Romeró aseguró contar con audios, videos y documentos que apuntan a irregularidades y a un patrón de abuso de poder en la comuna, lo que llevó a pedir la intervención de la administración local.
Estas denuncias contra la delegada de Las Cejas se suman a otras en distintos puntos de la provincia, donde hay percepciones crecientes de que ciertos funcionarios comunales —en muchos casos vinculados al peronismo— actúan con un nivel de impunidad y sequedad política que preocupa a la comunidad.
Raquel Graneros: Represión en actos oficiales
Otro episodio que alimentó la crítica política tuvo lugar en Graneros, donde tres vecinos fueron detenidos durante un acto oficial del gobernador Osvaldo Jaldo, también alineado con el peronismo local. Una mujer fue arrestada luego de gritar consignas a favor de la libertad, mientras que otras dos personas fueron demoradas por levantar carteles con reclamos de salarios mejores. La situación desató protestas y denuncias desde sectores libertarios, que acusaron al gobierno provincial de utilizar el aparato policial para amedrentar y reprimir voces disidentes.
Este tipo de episodios ilustran, para críticos de la gestión oficial, una tendencia preocupante: la utilización de estructuras del Estado para condicionar la participación política y limitar la expresión de opiniones contrarias, generando un clima de tensión política que trasciende el hecho puntual.
Félix Ramón Paz: Sanciones por mala administración de fondos
No son pocos los casos en los que delegados comunales vinculados al peronismo han sido señalados por la mala administración de recursos públicos. En San Andrés, por ejemplo, autoridades de la comuna tuvieron que devolver más de 46 millones de pesos tras una sanción del Tribunal de Cuentas que detectó irregularidades en el manejo financiero local. Estas situaciones no solo impactan en la rendición de cuentas, sino que alimentan una percepción de que el control interno y la responsabilidad política muchas veces quedan subordinados a la protección de cuadros militantes.
Marcelo Salazar: Amenazas por no votar al peronismo
En la localidad de Garmendia, un delegado comunal vinculado al peronismo fue denunciado públicamente por amenazar con pedir la renuncia de empleados comunales que no acompañaran electoralmente al oficialismo. El episodio, difundido por medios provinciales, generó repudio por tratarse de una práctica abiertamente antidemocrática y de una utilización del poder estatal como herramienta de disciplinamiento político.
Según las denuncias, el funcionario habría condicionado la continuidad laboral de trabajadores comunales a su alineamiento político, una conducta que refleja el uso patrimonialista del Estado en algunas comunas gobernadas por el peronismo. Aunque el caso no derivó de inmediato en sanciones judiciales, sí dejó al descubierto una forma de ejercer el poder basada en la presión, el miedo y la impunidad, reforzando la crítica hacia un sistema que prioriza la obediencia partidaria por sobre el respeto institucional y los derechos individuales.
La acumulación de estos casos genera un clima de malestar en varias comunidades tucumanas. Vecinos, organizaciones civiles y actores políticos de otras fuerzas han expresado su preocupación por la repetición de denuncias y la falta de sanciones efectivas, señalando una cultura de tolerancia hacia prácticas cuestionables dentro de estructuras comunales.
En este marco, la investigación por abuso sexual contra el delegado de Huasa Pampa Sur no solo afecta su figura personal, sino que se inserta en un debate más amplio sobre la calidad ética y la responsabilidad política de quienes ejercen funciones públicas a nivel local.
