El rechazo se multiplicó en las redes sociales contra la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, tras una seguidilla de hechos que expusieron lo que muchos usuarios calificaron como una doble vara en el abordaje de la seguridad vial y el transporte urbano. La polémica se desató luego de que la jefa municipal utilizara un trágico accidente protagonizado por una moto vinculada a aplicaciones de transporte para justificar la inminente reglamentación que limitará y gravará a ese sector.
La reacción se intensificó este miércoles, cuando un grave choque entre colectivos en la capital tucumana dejó varios heridos y, sin embargo, no hubo ningún pronunciamiento público de la intendenta. El silencio contrastó con la rápida exposición mediática y política que tuvo el siniestro protagonizado por una moto, incorporado de inmediato al discurso oficial como argumento para endurecer controles y avanzar con restricciones que, según denuncian trabajadores del sector, ponen en riesgo miles de puestos de trabajo.
El contraste no pasó inadvertido en plataformas como X y Facebook, donde se sucedieron comentarios críticos. “Cuando el accidente es de una moto, hay comunicado y justificación política; cuando es de colectivos, no pasa nada”, fue una de las frases más replicadas por los usuarios. Otros recordaron que el transporte público protagoniza accidentes de manera recurrente, pese a los aumentos tarifarios, los subsidios y las inspecciones que dependen del propio Municipio.
La indignación también se expresó entre choferes de aplicaciones y usuarios habituales del servicio, quienes interpretaron el mensaje oficial como una señal de tolerancia frente a las fallas del sistema tradicional y una actitud punitiva inmediata cuando se trata de modalidades de transporte alternativas, utilizadas mayoritariamente por sectores de menores ingresos.
En varios posteos se cuestionó además el uso político de situaciones trágicas. “Un accidente no puede ser la excusa para sacarle el trabajo a miles de personas”, escribió un usuario, mientras que otro apuntó a la selectividad del discurso oficial al señalar que “la seguridad vial no se defiende con oportunismo ni con silencios”.
La controversia se produce en un momento clave, con el Ejecutivo municipal próximo a reglamentar la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante que establece registros, límites y cargas impositivas para las aplicaciones de motos. En ese contexto, el contraste entre la reacción ante un accidente de moto y la omisión frente a un choque de colectivos terminó de instalar en redes una acusación recurrente contra la gestión municipal: hipocresía, doble discurso y protección política para un sistema de transporte que acumula crecientes cuestionamientos en la ciudad.
Fuente: El Federalista
