La Corte Suprema de Justicia inició el proceso formal para que el Estado Nacional incorpore los bienes y fondos decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín, condenados por lavado de dinero en el caso conocido como la “ruta del dinero K”, una de las investigaciones más emblemáticas sobre corrupción vinculada a la gestión kirchnerista. El monto total supera los USD 61 millones, además de propiedades y activos en el exterior.
El Tribunal Oral Federal N°4 —encargado del juicio— recibió un oficio firmado por Sergio Romero, director general de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal. Allí se informó que la Corte dispuso la inscripción de todos los bienes bajo su titularidad, en cumplimiento de los artículos 23 y 305 del Código Penal. Esto incluye inmuebles, sumas de dinero secuestrado y fondos resultantes de subastas judiciales.
Además, el máximo tribunal solicitó al TOF 4 la transferencia inmediata del dinero decomisado hacia dos cuentas bancarias —una en pesos y otra en dólares— pertenecientes a la Corte Suprema, así como el envío de toda la documentación vinculada a las subastas realizadas.
La sentencia original, dictada en abril de 2021 y confirmada por Casación en 2023, ordenó el decomiso de USD 61.130.860,86 y otros montos en pesos ajustados por IPC. En mayo de este año, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti dejaron firmes las condenas y los decomisos, declarando inadmisibles los recursos de las defensas.
Entre los bienes alcanzados figuran:
Cuentas en los bancos Lombard Odier (Suiza) y CBH (Bahamas), con casi 4 millones de euros y más de USD 900.000 en activos.
Más de 70 propiedades distribuidas en Santa Cruz, Chubut y Buenos Aires.
Activos líquidos y patrimonios vinculados a sociedades y testaferros.
Una causa emblemática del esquema de corrupción K
La “ruta del dinero K” investigó durante años la estructuración de un circuito financiero ilícito mediante sociedades offshore, movimientos de fondos irregulares y operadores ligados al poder político. Lázaro Báez, íntimamente ligado al matrimonio Kirchner desde la década kirchnerista, fue el eje de una red diseñada para canalizar millones de dólares provenientes de contrataciones estatales.
El caso tomó relevancia pública tras difundirse las imágenes de Leonardo Fariña y Martín Báez contando fajos de dinero en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.
Con esta decisión, la Corte avanza en uno de los decomisos más importantes de la historia judicial argentina, marcando un precedente en torno a la recuperación de activos vinculados a corrupción estatal durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
La incorporación de los bienes al patrimonio del Estado será ahora instrumentada formalmente por el tribunal de origen, cumpliendo el último paso para que los activos obtenidos mediante maniobras ilícitas pasen finalmente al dominio público.
