La polémica entre el legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse y el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, volvió a exponer un punto estructural y todavía sin respuestas: el tamaño y el costo de la Legislatura tucumana, considerada la más cara del país y una de las menos transparentes a nivel provincial.
Tras las declaraciones de Catalán —quien afirmó que cada legislador contaría con entre 70 y 100 asesores—, Vargas Aignasse salió al cruce con una dura acusación: aseguró que el funcionario libertario percibiría unos $140 millones anuales por su vínculo laboral con YPF, calificándolo como “un ñoqui de lujo”.
Sin embargo, en su réplica, el legislador peronista no negó ni aclaró el dato que había instalado Catalán sobre la cantidad de asesores, un punto central en el debate sobre el gasto público que rodea al Poder Legislativo provincial.
Una Legislatura costosa y sin datos públicos
El intercambio ocurre en un contexto históricamente marcado por la falta de transparencia.
En Tucumán no existe información pública sobre:
el sueldo real que perciben los legisladores,
la cantidad exacta de asesores que tiene cada uno,
cuánto cobra cada asesor,
ni cómo se distribuye el presupuesto administrativo del cuerpo.
Diversas organizaciones civiles y especialistas en finanzas públicas vienen señalando que la Legislatura tucumana es la más costosa del país por habitante, aun sin que se conozca oficialmente su estructura de personal.
Este vacío informativo funciona como telón de fondo de la actual discusión política: mientras Catalán cuestiona un aparato sobredimensionado, los legisladores evitan poner en números su funcionamiento interno y desplazan el foco hacia acusaciones personales.
La propuesta libertaria: reducir un 90% los gastos legislativos
En ese marco, La Libertad Avanza en Tucumán presentó recientemente la iniciativa “Puntos de partida para la libertad de los tucumanos”, un paquete de reforma del Estado que incluye un eje específico sobre la Legislatura.
Entre los puntos más relevantes se encuentran:
Reducción del 90% de los gastos legislativos,
límite de 4 asesores por legislador,
reorganización administrativa,
y mecanismos de acceso a la información pública para transparentar su funcionamiento.
Desde el espacio libertario afirman que la estructura actual de asesores, contrataciones y personal político es “insostenible” y “opaca”, motivo por el cual buscan desacoplar el debate de cualquier disputa personal y llevarlo a números concretos.
Una discusión que sigue sin encontrar respuestas
Aunque Vargas Aignasse intentó deslegitimar a Catalán cuestionando su empleo en YPF, el punto original sigue sin respuesta oficial: ¿cuántos asesores tiene realmente cada legislador?
La Legislatura tampoco emitió hasta ahora ningún informe para desmentir o confirmar la cifra señalada por el dirigente libertario.
Mientras tanto, la controversia vuelve a poner sobre la mesa un problema estructural: el costo del sistema político tucumano y la necesidad —reclamada por distintos sectores y organizaciones— de transparentar su presupuesto para que la ciudadanía pueda conocer cómo y en qué se utilizan los fondos públicos.
