Un informe de Zentrix Consultora analiza las consecuencias legales y operativas de un eventual rechazo en el Congreso, marcando las diferencias entre el marco actual y la posible regulación de transición.
La inminente discusión parlamentaria sobre el DNU 70/2023 vuelve a poner en el foco el impacto de la desregulación sobre la vida cotidiana y la actividad empresarial. Contrario a la percepción pública de un giro macroeconómico radical, un reporte elaborado por Zentrix Consultora señala que una posible derogación no generaría un cambio generalizado en variables clave como la economía laboral o las privatizaciones —hoy contenidas en la Ley Bases y leyes posteriores—, pero sí alteraría de forma inmediata las reglas de juego en mercados clave como el inmobiliario, la medicina prepaga y la dinámica exportadora.
El trabajo advierte que el principal problema operativo residiría en la falta de un marco legal explícito de transición. En ausencia de pautas claras dictadas por el Congreso, la coexistencia de contratos bajo distintas legislaciones incrementaría la judicialización de los conflictos y la parálisis preventiva de inversiones.
Inmuebles y crédito: el regreso de los límites contractuales
La derogación del decreto restituiría la Ley de Alquileres (27.551), lo que restablecería plazos mínimos obligatorios de tres años para la vivienda y esquemas de actualización fijados por índices oficiales.
Si bien los contratos acordados durante la vigencia del DNU mantendrán sus condiciones, el informe prevé una fragmentación del mercado en tres regímenes simultáneos. De acuerdo con antecedentes entre 2020 y 2023, la reinstauración de topes legales suele contraer la oferta formal hacia alternativas temporarias o informales, encareciendo los valores de entrada para los nuevos inquilinos a cambio de otorgar previsibilidad a quienes ya poseen contrato vigente.
En materia financiera, la eventual reforma al Código Civil y Comercial eliminaría la exigencia estricta de cancelar compromisos en la moneda pactada. Al habilitar el pago de deudas en dólares mediante su equivalente en moneda nacional, el financiamiento privado en divisas para adquisición de insumos, maquinaria e inmuebles enfrentaría un endurecimiento de costos o una retracción en la oferta crediticia.
Medicina prepaga: de la libre fijación de cuotas al control de precios
En el sector sanitario, la caída del DNU repondiere la exigencia de autorización estatal previa para la actualización de las cuotas de las empresas de medicina privada. Paralelamente, se discontinuaría el mecanismo de derivación directa de aportes, reorientando la intermediación hacia las obras sociales sindicales y congelando los nuevos trámites de libre elección.
El informe concluye que, si bien la intervención administrativa frena los aumentos de corto plazo para el usuario, los desfasajes entre el valor de las cuotas y la estructura de costos prestacionales tienden a derivar en el arancelamiento vía copagos, demoras en la atención y tensiones en la cadena de pagos del sistema de salud.
Comercio exterior y regulaciones sectoriales
En materia de comercio exterior, la pérdida de vigencia del decreto restituiría al Poder Ejecutivo la potestad de aplicar restricciones a las exportaciones e importaciones mediante resoluciones administrativas, sin requerir aval legislativo. A esto se sumaría el restablecimiento de registros obligatorios y trámites portuarios que afectan principalmente la operatividad de las pequeñas y medianas empresas.
Adicionalmente, la derogación generaría un reordenamiento de normas en diversos frentes económicos. Por un lado, la reinstalación del régimen de Compre Argentino otorgaría preferencia a los proveedores locales en contrataciones públicas, al tiempo que regresarían los topes a las comisiones por tarjetas de crédito y los espacios reservados para pymes en góndolas de grandes cadenas. Por otro lado, economías regionales como la yerbatera volverían a contar con precios de referencia oficiales, mientras que la reactivación de la Ley de Abastecimiento otorgaría al Estado herramientas de control de precios y los Registros del Automotor recuperarían el monopolio territorial sobre trámites vehiculares.
En definitiva, la consultora concluye que el desafío central para los actores económicos no radica únicamente en la validez del decreto, sino en la definición de las normas y la certidumbre jurídica que rijan a partir del día posterior a la votación en el Congreso.
