El Gobierno nacional, a través de la Dirección General Impositiva (DGI), presentó una denuncia penal contra Sur Finanzas, la firma del empresario Ariel Vallejo, señalado por sus vínculos directos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La presentación, radicada en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, investiga presuntas maniobras de evasión impositiva y lavado de dinero por un volumen de operaciones que supera los $818.000 millones.
Según la investigación iniciada en 2024, la plataforma Sur Finanzas PSP permitió el movimiento de fondos de contribuyentes sin capacidad económica, monotributistas de categorías bajas y personas asociadas a facturación apócrifa. Para el organismo fiscal, la estructura de la empresa habría funcionado como un canal para operaciones masivas sin controles adecuados.
La denuncia detalla casos emblemáticos: un monotributista categoría D que facturó menos de $5 millones pero recibió más de $230 millones; otro contribuyente categoría A que movió cerca de $7000 millones sin bienes registrados; y múltiples usuarios sin actividad fiscal que manejaron montos superiores a los $193.000 millones. Además, empresas consideradas no confiables por el Banco Central habrían operado más de $223.000 millones a través del sistema.
El Gobierno reclama medidas urgentes: allanamientos, embargos, intervención de la UIF y aplicación de cautelares para impedir la continuidad de las maniobras. También exige revisar el entramado societario del empresario, que incluye a su madre, Graciela Vallejo, y a María Fernanda Sena Argis, ambas vinculadas a distintas firmas investigadas y poseedoras de bienes de alto valor.
La causa vuelve a poner bajo escrutinio el entorno económico del titular de la AFA. Vallejo, conocido en redes por la frase “Somos la billetera del fútbol”, aparece relacionado con préstamos a clubes como San Lorenzo y Banfield, además de patrocinios en equipos de Primera y el Ascenso. Este circuito financiero, ahora cuestionado por el fisco, alimenta las sospechas sobre el nivel de informalidad y la falta de transparencia en sectores cercanos a la conducción de Tapia.
Desde el Gobierno destacan que la denuncia forma parte de una estrategia más amplia de control, transparencia y modernización fiscal impulsada por la administración de Javier Milei, en un intento de ordenar prácticas históricamente opacas dentro y fuera del fútbol argentino. La Justicia federal deberá ahora determinar el alcance de las responsabilidades penales involucradas y el eventual vínculo entre estas maniobras y actores del fútbol profesional.
