El ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, vinculó la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional en Buenos Aires con lo que consideró una “falta de conducción real” del Gobierno nacional. Sin embargo, sus críticas se dan en un contexto marcado por las investigaciones judiciales que señalan a Banda del Río Salí —municipio del que fue intendente y actualmente gobierna su hijo Gonzalo Monteros— como epicentro de presuntas maniobras de corrupción y desvío de fondos públicos.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) presentó en marzo de este año una denuncia penal contra varios municipios del norte del país por irregularidades en el manejo de recursos públicos. Entre ellos, figuran Banda del Río Salí, Monteros, Famaillá y Lules, con especial foco en la gestión del municipio bandeño.
Según la Unidad de Información Financiera (UIF), solo Banda del Río Salí retiró entre enero de 2023 y junio de 2024 unos $17.000 millones en cheques por ventanilla sin justificación válida, lo que representa casi el 40% de los fondos sospechosos detectados en Tucumán. Estas maniobras derivaron en reportes por posibles delitos de corrupción y lavado de dinero, y fueron elevadas a la Procelac, que las incorporó en su denuncia.
Los informes sostienen que parte del dinero habría sido canalizado hacia cuentas personales de empleados municipales para luego ser utilizado en la compra de dólar MEP, una operatoria incompatible con sus perfiles económicos. Además, la UIF advirtió que el incremento de los retiros coincidió con la previa de las elecciones de 2023, lo que abre la hipótesis de que los fondos se usaron para financiar campañas políticas.
En este marco, las declaraciones de Monteros contra Espert se leen en contraste con los antecedentes de su propia gestión. Mientras acusa al Gobierno nacional de “improvisación” y resalta la “estabilidad” tucumana bajo el liderazgo de Osvaldo Jaldo, los organismos de control ubican a su municipio como el más irregular del país en el manejo de recursos públicos y una provincia devastada tras 36 años de gobiernos peronistas.
El contraste entre el discurso y los hechos llevó a que sectores opositores califiquen sus declaraciones como un gesto de “hipocresía política”, recordando que los millonarios desvíos detectados se produjeron en la ciudad que gobernó durante más de una década y que hoy conduce su hijo.
