El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de Tucumán condenó este martes a tres ex directivos de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) a penas de hasta tres años y medio de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El proceso, que se extendió durante más de un año, investigó el manejo irregular de fondos millonarios provenientes de la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2011.
En un contexto político donde el gobierno de Milei busca frenar con lo negocios fraudulentos que hacen con el dinero de todo, los jueces Ana Farías, Abelardo Basbús y Enrique Lilljedahl dieron por acreditados sobreprecios en contrataciones de obras, inversiones financieras irregulares y la renuncia arbitraria a las utilidades que le correspondían a la UNT de YMAD, según detalló el Ministerio Público Fiscal (MPF). La postura coincidió con la acusación sostenida por los fiscales Pablo Camuña y Agustín Chit, junto a la auxiliar fiscal Lucía Doz Costa, quienes llevaron adelante el caso.
La pena más severa recayó sobre el ex rector Juan Cerisola, condenado a tres años y seis meses de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación contra la administración pública. La exdirectora general de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani, recibió tres años y dos meses de cárcel como coautora de defraudación, mientras que el exdirector de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino, fue sentenciado a dos años de prisión en suspenso. Los tres quedaron inhabilitados de forma perpetua para ocupar cargos públicos. En tanto, el exsubsecretario administrativo Luis Sacca fue absuelto por el beneficio de la duda.
El juicio oral comenzó en junio del año pasado y se desarrolló a lo largo de 14 meses con más de 40 audiencias, la declaración de 50 testigos y peritos, 50 cajas de documentación y 11 inspecciones oculares en obras vinculadas a la causa. Según el requerimiento de elevación del fiscal Carlos Brito, entre 2006 y 2009 la UNT recibió fondos destinados por ley a la construcción de la Ciudad Universitaria en San Javier. Sin embargo, esos recursos fueron desviados hacia un “sistema paralelo e ilegal” que incluyó obras no autorizadas y colocaciones financieras en entidades no reconocidas por el Banco Central.
La acusación se estructuró en tres ejes: la renuncia a fondos de YMAD, que implicó pérdidas superiores a 64 mil millones de pesos actuales; la contratación de obras con sobreprecios y direccionamiento de adjudicatarios; y las inversiones financieras opacas en bancos y fideicomisos sin control institucional, entre ellos depósitos en el Banco Piano, Banco Servicios y Transacciones y la financiera Equity Trust.
Además de las penas de prisión, el tribunal ordenó reparar el perjuicio económico al Estado. Cerisola y Cudmani deberán pagar en forma solidaria $39.277.376 de pesos, actualizados por inflación desde 2012, mientras que Cudmani y Venturino tendrán que abonar $717.000,66 vinculados a la readecuación de una obra investigada, también con actualización desde 2011.
Los fundamentos del fallo se conocerán en un plazo de 40 días hábiles. A partir de allí, las defensas recíen podrían apelar ante la Cámara Federal de Apelaciones para intentar revertir las condenas, tras tan repudiable uso del dinero del estado.
Este fallo cobra aún más relevancia en el actual contexto político: mientras la Justicia avanza en condenar a quienes durante años hicieron un uso discrecional y fraudulento de fondos públicos, el gobierno de Javier Milei insiste en marcar un rumbo opuesto, basado en la transparencia, la austeridad y el fin del despilfarro estatal. La condena a ex autoridades universitarias refleja, en definitiva, la necesidad de un cambio cultural que el actual Presidente ha puesto en el centro de su gestión.
