El Gobierno nacional presentó este jueves en Casa Rosada un ambicioso proyecto de ley con el objetivo de incentivar el uso de los dólares que actualmente se encuentran fuera del circuito financiero formal. La medida, impulsada por el titular de ARCA, Juan Pazo, y el diputado José Luis Espert, busca cambiar de raíz el enfoque del sistema tributario argentino, dejando atrás, según sus propias palabras, “el régimen persecutorio”.
La iniciativa, que ya fue enviada al Congreso, introduce una serie de modificaciones profundas en la legislación penal tributaria y en el procedimiento tributario, y está directamente relacionada con la estrategia oficial para normalizar la situación fiscal de miles de ciudadanos y pequeñas empresas que operan en la informalidad, muchas veces como resultado de años de desconfianza hacia el Estado.
Durante la conferencia de prensa, en la que también estuvo presente el ministro de Economía, Luis Caputo, se explicó que el proyecto contempla dos ejes centrales. El primero, un cambio de paradigma en el régimen general, que implicará elevar los umbrales a partir de los cuales el Estado puede iniciar acciones por evasión impositiva. El segundo, un blindaje legal del nuevo régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, que ya había sido anunciado previamente.
“Te adherís, pagás y te despreocupás”
“Es sencillo: te adherís, pagás y te despreocupás. No te va a buscar nadie por los ahorros que ganaste, porque son solo tuyos”, afirmó Pazo, al defender el espíritu de la norma, que busca generar confianza y seguridad jurídica. El mensaje del Gobierno es claro: quienes tienen dólares guardados en su casa o manejan ingresos informales, podrán incorporarlos al sistema sin miedo a consecuencias penales.
Según Pazo, uno de los cambios más relevantes es que se aumentarán significativamente los montos mínimos por los que se puede iniciar una denuncia por evasión simple. Hasta hoy, ese umbral estaba en apenas 1,5 millones de pesos. Con la reforma, la cifra se elevará, lo que provocará una fuerte reducción de causas abiertas: “Hoy hay 7.500 causas activas en el fuero penal tributario. Con esta ley, quedarían solo unas 200”.
Además, el proyecto reduce el plazo de prescripción para la determinación tributaria de cinco a tres años, siempre y cuando los contribuyentes hayan presentado sus declaraciones juradas en tiempo y forma. También se establece que quien sea notificado por diferencias impositivas, podrá resolverlo simplemente pagando lo que debe, sin ingresar en un proceso penal.
Adiós al miedo fiscal
“Vamos a abandonar el régimen persecutorio. Lo que rige ahora es la idea de la inocencia fiscal”, declaró Espert, quien no perdió oportunidad para cargar contra la oposición y, en particular, contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien definió como “soviético” y acusó de haber “arruinado la provincia de Buenos Aires”.
El diputado liberal también remarcó que ahora todo queda en manos del Congreso: “Diputados y gobernadores tienen la palabra. Nosotros ya cumplimos con presentar una propuesta que beneficia a los ciudadanos comunes, que durante décadas fueron tratados como delincuentes por el Estado, cuando en realidad es el Estado el que ha estado en falta con ellos”.
Más dólares, menos miedo
Uno de los objetivos centrales del proyecto es impulsar el uso de los dólares ahorrados por fuera del sistema bancario, un fenómeno muy arraigado en la economía argentina, como respuesta a décadas de inflación, confiscaciones, controles cambiarios y pérdida de confianza institucional. El Gobierno cree que, si se eliminan las herramientas de control automático excesivo, personas y pymes se animarán a usar esos dólares para consumo, inversión o adquisición de bienes registrables, como autos o inmuebles.
En ese sentido, el blindaje al régimen simplificado de Ganancias busca ofrecer una alternativa clara y definitiva: quienes se adhieran tributarán solo sobre su facturación, sin importar su patrimonio, lo que elimina el riesgo de ser perseguidos por compras que no puedan justificar con ingresos declarados.
“Con esta ley, garantizamos que ninguna administración futura podrá perseguir a quienes elijan regularizar su situación hoy. Estamos dando un paso hacia un sistema tributario más simple, más justo y menos opresivo”, concluyó Pazo.
Ahora, la pelota está en el Congreso. El Ejecutivo apuesta a que esta iniciativa no solo reactive la economía formal, sino que marque el fin de una era en la que el miedo y la sospecha eran el punto de partida de toda relación fiscal entre el ciudadano y el Estado.
