Condenaron a tres años de prision condicional a Alberto Felipe López y Arturo Alejandro Augier que admitieron su responsabilidad en la venta ilegal de mercaderia del Ministerio de Desarrollo Social; seguirán en libertad condicional y deberán realizar tareas comunitarias.
El escándalo por la venta ilegal de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia sumó este jueves su primer fallo judicial con la condena a tres años de prisión condicional para dos de los seis imputados. Se trata de Alberto Felipe López y Arturo Alejandro Augier, quienes aceptaron su culpabilidad en el marco de un juicio abreviado realizado en el fuero penal de tribunales.
Ambos fueron hallados responsables del delito de peculado, figura legal que castiga la apropiación indebida de bienes públicos. Según la investigación, formaban parte de una red que desviaba productos destinados a la asistencia social para comercializarlos de manera clandestina.
El caso había salido a la luz en noviembre de 2024, cuando un allanamiento reveló la existencia de mercadería oficial almacenada en condiciones irregulares y presuntamente lista para su venta. El operativo marcó el inicio de una causa que puso en jaque la gestión y la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a los sectores más vulnerables.
Además de la pena condicional, el acuerdo judicial establece que López y Augier deberán cumplir reglas de conducta específicas, como realizar trabajos no remunerados a favor del Estado o de instituciones de bien público, en un intento de reparación simbólica del daño social provocado.
En tanto, Juan Alberto López Cansillieri, hijo de Alberto López y presunto líder de la organización, continúa detenido con prisión preventiva y no fue incluido en el juicio abreviado. Según la causa, Cansillieri sería quien articulaba la logística de la operación ilícita y podría enfrentar un juicio oral y público en los próximos meses.
Pero más allá de lo judicial, el caso ha desatado una ola de indignación social por la crueldad moral del delito cometido: no se trató solo de un fraude contra el Estado, sino de un robo a las personas más humildes y necesitadas de la sociedad. La mercadería desviada estaba destinada a comedores, barrios vulnerables y familias en situación de extrema pobreza. Su venta clandestina no solo refleja un acto de corrupción, sino una profunda falta de humanidad, que pone en evidencia el nivel de cinismo de quienes, desde posiciones de privilegio o acceso, lucran con el hambre ajeno.
El episodio ha generado un profundo malestar social al revelar graves fallas en el control de la cadena de distribución de ayuda estatal. Diversas organizaciones y referentes del ámbito judicial coinciden en señalar que el caso pone en evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de fiscalización y trazabilidad de los recursos públicos.
Mientras la investigación sigue su curso, las autoridades anticipan nuevas imputaciones y el posible avance hacia juicios contra otros involucrados, lo que podría abrir una ventana más amplia sobre las responsabilidades y la escala de la operación fraudulenta.
