El Gobierno Nacional de Javier Milei aplicará la Ley N° 27.786, conocida como Ley Antimafias y con esta medida Rosario se convierte en la primera ciudad del país en ser declarada “zona sujeta a investigación especial”, una figura legal que permite el despliegue de medidas extraordinarias para combatir el crimen organizado.
En respuesta a la creciente ola de violencia que azota a Rosario, el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, anunció este viernes la Resolución 572/2025, publicada en el Boletín Oficial, mediante la cual se solicita formalmente a los jueces federales con competencia en la ciudad que apliquen los términos del artículo 4° de la flamante Ley Antimafias.
La normativa, sancionada por el Congreso el pasado 20 de febrero en sesiones extraordinarias, habilita a las autoridades a implementar herramientas de excepción en territorios donde operan organizaciones criminales complejas y estructuradas. Entre las medidas previstas figuran allanamientos masivos, plazos de detención más prolongados y penas más severas para integrantes de bandas delictivas.
La decisión se basa en información clasificada de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que señala que en Rosario actúan organizaciones cuyos delitos se ajustan a lo estipulado en los artículos 2° y 3° de la Ley 27.786. Estos artículos contemplan actividades como narcotráfico, lavado de activos, extorsión, homicidios por encargo y dominio territorial mediante violencia e intimidación, modalidades típicas del crimen organizado.
El Ministerio justificó su pedido aludiendo a la crisis de seguridad pública que atraviesa la ciudad santafesina. En los últimos meses, se registraron hechos delictivos de una gravedad inusitada que generaron una profunda conmoción social. Como respuesta a esta situación, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, había solicitado en marzo la activación del Comité de Crisis, el cual fue habilitado por la Resolución 107/2024 y prorrogado por la Resolución 634/2024, aún vigente.
En este contexto, el Ministerio de Seguridad argumenta que tanto el pedido del gobernador como la formación del Comité cumplen con los requisitos del artículo 3°, inciso c), de la Ley 27.786, que permite la declaración de zonas de investigación especial cuando se verifica la reiteración de delitos graves y una evidente insuficiencia institucional para hacer frente a la criminalidad.
La nueva disposición también pone a disposición del Ministerio Público Fiscal Federal a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales actualmente desplegadas en Rosario en el marco del Plan Bandera, reforzando la coordinación operativa para tareas investigativas y preventivas.
“La criminalidad organizada representa una amenaza directa a la seguridad nacional y al orden público”, sostiene el texto oficial, subrayando la necesidad de respuestas urgentes, coordinadas y contundentes por parte de todos los niveles del Estado.
La aplicación de esta ley marca un punto de inflexión en la lucha contra las mafias en Argentina, y convierte a Rosario en el epicentro de un nuevo modelo de persecución penal, basado en estrategias proactivas, inteligencia criminal y despliegue integral de recursos estatales. La evolución de esta medida será observada con atención tanto a nivel nacional como internacional, dado su potencial para replicarse en otras zonas afectadas por el crimen organizado.
