Una red de trata de personas fue desarticulada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en un operativo realizado en la zona sur de la capital tucumana. En el procedimiento, fueron rescatadas siete mujeres que eran obligadas a ejercer la prostitución en condiciones de extrema vulnerabilidad y explotación sexual. Una mujer fue detenida, acusada de regentear el lugar.
La investigación comenzó en diciembre de 2024, a partir de una denuncia presentada por la Fundación María de los Ángeles. El caso reveló la existencia de un prostíbulo encubierto en un domicilio ubicado en el pasaje Camaño, a la altura de avenida Roca al 800.
Durante varios meses, los agentes de la PSA realizaron tareas de inteligencia, que incluyeron seguimientos, vigilancias fijas y móviles, e incluso la implementación del “agente revelador”, una figura legal que permite la infiltración de efectivos para reunir pruebas en casos complejos como este.
El allanamiento permitió rescatar en el momento a tres mujeres, aunque la investigación determinó que al menos siete eran explotadas sexualmente en ese lugar. Las víctimas eran obligadas a trabajar jornadas de hasta 12 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas, bajo amenazas y sin libertad de movimiento.
Entre las mujeres rescatadas se identificaron situaciones de vulnerabilidad extrema, incluyendo una víctima embarazada y otra que podría ser menor de edad, aunque esta última condición no fue confirmada oficialmente.
Durante el operativo, la PSA incautó teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación que podría resultar clave para la causa. Además, se realizaron peritajes a los dispositivos móviles de las víctimas para recolectar más pruebas.
Las mujeres fueron asistidas por el Programa de Atención a Víctimas de Trata del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, que brindó contención y acompañamiento psicológico y legal.
La causa está siendo investigada por la Fiscalía Federal 1 de Tucumán, a cargo del fiscal Rafael Vehils Ruiz, con intervención del Juzgado Federal 1 bajo la subrogancia del juez Guillermo Díaz Martínez.
