El Consejo Federal del Comité Contra la Tortura instó a las autoridades tucumanas a investigar y frenar supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas en comisarías y cárceles de la provincia, principalmente en el penal de Benjamín Paz.
El reclamo tuvo lugar durante la primera sesión ordinaria del año del Consejo Federal de Mecanismos Locales, realizada el martes 15 de abril en la Universidad Nacional de Tucumán.
El encuentro, encabezado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), reunió a representantes de 14 provincias y puso el foco en las condiciones de encierro en el penal de Benjamín Paz, la violencia policial en operativos recientes y las trabas impuestas por el Poder Ejecutivo al trabajo de inspección de la Comisión Provincial.
Kevin Nelsen, del Consejo Federal, denunció una “obstrucción sistemática” a la tarea de control que debería ejercer la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. “Hay funcionarios elegidos por la Legislatura que no pueden ingresar a comisarías y penales. Es una decisión del Ejecutivo, y eso impide ver en qué condiciones están alojadas las personas privadas de libertad”, afirmó.
Según el comisionado civil Fernando Korstanje, la restricción de accesos comenzó a fines de 2024, tras advertencias del Poder Judicial sobre la falta de representantes de varios organismos clave en la Comisión. “Nunca habíamos tenido problemas para ingresar, hasta ahora”, advirtió.
Violencia institucional
Durante la jornada también se expusieron graves denuncias contra la Policía de Tucumán. Se habló de operativos conocidos como “trencito”, realizados sin órdenes judiciales en barrios populares como Villa Muñecas, Tafí Viejo y Yerba Buena. “Sacaban a la gente de sus casas, los golpeaban delante de los niños y no informaban dónde los tenían detenidos. Hubo múltiples denuncias que fueron desestimadas”, señaló Korstanje.
El Consejo criticó, además, la vigencia de la Ley de Contravenciones que —según apuntaron— habilita detenciones arbitrarias y favorece el hacinamiento en comisarías.
Hacinamiento y enfermedades en cárceles
La situación en el penal de Benjamín Paz fue otro punto crítico. Madres y esposas de internos relataron condiciones inhumanas, falta de acceso a salud, alimentos y contacto familiar. “Hay miedo a represalias, por eso graban las denuncias de espaldas”, explicó Korstanje.
Además, se alertó sobre una propagación de enfermedades como sarna y tuberculosis. “Un médico del Siprosa dijo que nunca había visto tantos casos. Ya hubo muertes por falta de atención médica”, advirtió el comisionado.
El pedido del Consejo
El Consejo Federal instó al Poder Ejecutivo a cesar las obstrucciones a la Comisión de Prevención de la Tortura, y exigió a la Legislatura completar su conformación. También reclamó al Ministerio Público de la Defensa que actúe judicialmente en defensa de los detenidos, y al Ministerio Público Fiscal que investigue los casos de tortura y muertes bajo custodia. Al Poder Judicial le pidió ejercer controles efectivos para prevenir y sancionar el abuso de poder por parte de fuerzas de seguridad.
