En los últimos días, la situación de las comisarías en nuestra provincia ha alcanzado un punto crítico debido a la sobrepoblación de detenidos. Este problema ha llevado a las autoridades a tomar medidas urgentes, siendo una de las más significativas el traslado de detenidos a la penitenciaría de Benjamín Paz, que antes las criticas Jaldo salió a Respaldar las medidas. Este movimiento busca aliviar la presión en las comisarías y mejorar las condiciones de detención.
El gobernador Jaldo ha sido claro al respecto, afirmando que “la penitenciaría de Benjamín Paz está funcionando correctamente”. Esta declaración resalta la confianza del gobierno en la capacidad de la penitenciaría para recibir a más detenidos sin comprometer la seguridad ni las condiciones de vida de los internos. Jaldo también mencionó que “se han tomado medidas para mejorar las condiciones de visita para los familiares de los detenidos”, lo que indica un esfuerzo por humanizar el proceso de detención y mantener el vínculo familiar, fundamental para la reintegración social de los internos.
La sobrepoblación en las comisarías ha sido un problema persistente, y las cifras son alarmantes. Según informes recientes, muchas comisarías operan con un 150% de su capacidad. Esto no solo afecta la seguridad de los detenidos, sino que también dificulta el trabajo de los agentes de policía. En este contexto, el traslado a Benjamín Paz se presenta como una solución viable. “Hay capacidad para más traslados”, aseguró Jaldo, lo que sugiere que la penitenciaría puede albergar a un número significativo de detenidos adicionales sin comprometer la calidad de la atención y el control.
Uno de los aspectos más preocupantes de la sobrepoblación es el impacto en la salud y el bienestar de los detenidos. Las condiciones en las comisarías, a menudo, son insalubres y peligrosas. “No podemos permitir que nuestros ciudadanos sean tratados de esta manera”, declaró el gobernador, enfatizando la necesidad de un cambio inmediato. El traslado a una instalación más adecuada como Benjamín Paz no solo es una cuestión de espacio, sino también de dignidad humana.
Además, el gobernador destacó que “las visitas a los detenidos son un derecho fundamental”, y que se están implementando mejoras en este aspecto. Las familias de los detenidos a menudo enfrentan dificultades para mantener el contacto con sus seres queridos, especialmente en situaciones de hacinamiento. Las nuevas medidas buscan facilitar el acceso a las visitas, lo que es crucial para el bienestar emocional de los internos y sus familias.
La penitenciaría de Benjamín Paz ha sido objeto de críticas en el pasado, pero las autoridades aseguran que se han realizado inversiones significativas para mejorar sus instalaciones. “Estamos comprometidos con la rehabilitación de los detenidos”, afirmó Jaldo, subrayando la importancia de programas de reintegración que ayuden a los internos a reintegrarse a la sociedad una vez que cumplan sus condenas. Esto incluye educación, capacitación laboral y apoyo psicológico.
El proceso de traslado de detenidos no es sencillo y requiere una planificación cuidadosa. Las autoridades están trabajando en coordinación con el sistema penitenciario para garantizar que el traslado se realice de manera segura y eficiente. “La seguridad de todos los involucrados es nuestra prioridad”, afirmó el gobernador, quien también mencionó que se están tomando medidas para asegurar que los derechos de los detenidos sean respetados durante este proceso.
El traslado de detenidos a la penitenciaría de Benjamín Paz representa un paso importante para abordar la crisis de sobrepoblación en las comisarías. Con la promesa de mejorar las condiciones de vida de los detenidos y facilitar el contacto con sus familias, esta medida podría marcar un cambio positivo en el sistema penitenciario de la provincia. Como dijo el gobernador Jaldo, “es hora de actuar y garantizar que nuestros ciudadanos sean tratados con dignidad y respeto”.
La crisis de sobrepoblación en las comisarías de Tucumán refleja un problema más amplio del sistema penal argentino: el constante esfuerzo por garantizar derechos y condiciones dignas para los delincuentes, mientras millones de ciudadanos carecen de servicios básicos como seguridad, salud y educación.
Líderes como Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina han cuestionado este enfoque. Bukele, con su modelo de megaprisiones, dejó claro que quienes infringen la ley no pueden reclamar privilegios. En Argentina, Milei ha insistido en priorizar a las víctimas y a la ciudadanía, afirmando que el Estado debe proteger a los que cumplen la ley, no beneficiar a los que la violan.
Medidas como los traslados a la penitenciaría de Benjamín Paz son necesarias para resolver problemas inmediatos, pero no deben convertirse en una prioridad que desvía recursos esenciales para la población general. Garantizar condiciones dignas para los internos es importante, pero nunca a costa de los derechos y necesidades de quienes respetan las leyes. La seguridad y el bienestar de los ciudadanos deben estar siempre en primer lugar.
