Un escándalo sacude a la comisaría de Lastenia, en Tucumán, donde tres vecinos han denunciado a las principales autoridades de la dependencia policial por detención ilegal, golpizas y presunta extorsión. Los denunciantes señalan directamente al jefe de la comisaría, Páez, y al subjefe, Gerardo Racedo, quienes estarían involucrados en un presunto abuso de poder ocurrido el pasado 10 de marzo.
La denuncia, que fue presentada ante la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Mariana Rivadeneira, relata el caso de R.A.J., quien asegura haber sido detenido sin justificación alguna por efectivos policiales mientras conversaba con una amiga en una verdulería. Según su testimonio, los agentes de una camioneta lo obligaron a trasladarse a la comisaría junto a su amigo V.G., sin explicación alguna y sin notificación formal de su detención.
Una vez en la sede policial, Racedo habría informado a R.A.J. que existía una causa pendiente por violencia de género y un presunto pedido de captura. Sin embargo, el denunciado afirmó que todo era un error y que, en respuesta, fue brutalmente golpeado por Racedo en el rostro y el oído, lo que le provocó complicaciones en su visión, actualmente en evaluación por parte de un médico forense.
Durante el mismo incidente, los amigos de R.A.J., M.B.G. y V.G., llegaron a la comisaría para averiguar sobre la situación. Según su abogado, Héctor Euduro González, M.B.G. intentó intervenir para defender a su amigo, pero fue empujada y golpeada por Racedo. Ambos también fueron arrestados sin justificación, lo que los denunciantes consideran una represalia.
El relato de R.A.J. también incluye un hecho alarmante: al día siguiente de su detención, fue llevado a una oficina en la comisaría donde los oficiales Páez y Racedo le exigieron una suma de $500.000 para su liberación, oferta que luego fue rebajada a $300.000. Ante la negativa del detenido, fue devuelto a la celda y liberado horas más tarde, sin que se le firmara ningún acta de detención.
Además, R.A.J. denunció que otros detenidos le informaron sobre la existencia de un “sistema paralelo” en la comisaría, en el cual se ofrecían servicios especiales, como una “habitación VIP” equipada con camas, televisión y acceso a teléfonos, a cambio de una suma de $150.000. Este supuesto régimen de semilibertad indicaría la posible existencia de una red de corrupción dentro de la fuerza policial.
El Ministerio de Seguridad de Tucumán, por su parte, expresó que no tenía conocimiento del episodio, pero anunció que colaborará con la Justicia y llevará a cabo una investigación administrativa interna para esclarecer lo sucedido. Por su parte, la Fiscalía ha ordenado pericias médicas sobre las víctimas, quienes presentan hematomas y escoriaciones visibles.
Este caso pone en evidencia posibles abusos y corrupción dentro de la comisaría de Lastenia, lo que ha generado preocupación en la comunidad y podría implicar graves violaciones a los derechos humanos, afectando la integridad y la confianza en una de las dependencias policiales más importantes del Gran San Miguel de Tucumán. Las autoridades ahora enfrentan el desafío de aclarar los hechos y garantizar que se haga justicia
