El Gobierno de Javier Milei decidió reconocer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el atentado perpetrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) contra la familia del capitán Humberto Viola, ocurrido el 1° de diciembre de 1974, será considerado un crimen de lesa humanidad.
En un nuevo aniversario del Proceso de Reorganización Nacional, el Gobierno nacional emitió la medida de declarar como crimen de lesa humanidad al atentado contra la familia de Humberto Viola. Dicha decisión responde a una histórica reivindicación de la familia Viola, que busca justicia por los trágicos sucesos ocurridos en San Miguel, en los que perdieron la vida el capitán y su hija menor, María Cristina Viola, de solo tres años.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, detalló los hechos ocurridos en esa jornada fatídica en Tucumán cuando un grupo de guerrilleros interceptó el vehículo en el que viajaba el capitán Viola con su familia. Tras un breve tiroteo, su hija María Cristina fue asesinada, mientras que el capitán Viola, gravemente herido, intentó escapar para proteger a su familia, pero fue ejecutado con un disparo en la cabeza. La hija mayor, María Fernanda, también fue alcanzada por un disparo en la cabeza y, tras quedar en coma durante cuatro meses y someterse a ocho operaciones, logró sobrevivir. La esposa de Viola, María Cristina Picón, embarazada en ese momento, resultó ilesa, pero vivió el resto de su vida luchando por la justicia.
La reivindicación por la reapertura de la investigación había sido rechazada anteriormente por la Justicia, que no reconoció el hecho como un crimen de lesa humanidad. De hecho, en 2008, la Corte había desestimado la solicitud, argumentando que no se trataba de un delito de lesa humanidad. En esa ocasión, la familia de los responsables del atentado recibió indemnizaciones del Estado bajo la Ley 24.043, por haber estado detenidos durante el período del Estado de sitio.
Maby Picón, la viuda del capitán, nunca dejó de luchar por la justicia. A lo largo de los años, solicitó insistentemente la reapertura de la causa, pero fue en vano. La solicitud fue finalmente rechazada en el contexto de una gestión encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, cuando la Secretaría de Derechos Humanos, entonces dirigida por Horacio Pietragalla, sostuvo ante la Comisión Interamericana que el atentado no constituía un crimen de lesa humanidad.
El cambio de postura se ha producido con el actual gobierno, luego de una revisión de los antecedentes del caso. Según Adorni, el presidente Milei, tras un diálogo con la familia Viola, ha decidido revisar la visión “sesgada e ideologizada” de administraciones previas, reconociendo finalmente el atentado como lo que fue: un crimen de lesa humanidad. Este reconocimiento histórico abre la puerta para que la justicia pueda avanzar en la causa, brindando a la familia Viola la oportunidad de obtener la justicia que por tanto tiempo les fue negada.
Este giro representa no solo un acto de justicia para el asesinato del capitán Viola, sino también un mensaje claro del gobierno actual sobre la importancia de revisar y rectificar los fallos del pasado, para garantizar que no queden impunes los crímenes de lesa humanidad, independientemente de la ideología política del momento.
