El Gobierno nacional comenzó con las auditorías acerca de las pensiones por discapacidad. Tucumán fue una de las principales provincias en las que se puso el foco y demandan que, dentro de un gimnasio, se reunían mas de dos mil personas que “tramitaban” sus pensiones sin control alguno.
En el marco del reordenamiento del sistema que está llevando adelante el Ministerio de Salud de la Nación, comenzó el envío de cartas documento para auditar todas las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) activas. En esta primera salida, se remitieron 300 mil notificaciones a beneficiarios de las provincias de Tucumán, Chaco, Buenos Aires, Mendoza, San Luis y Santa Fe. Nuestra provincia sería epicentro de un escándalo.
“En Tucumán, por ejemplo, se otorgaban pensiones de a mil, mil quinientas, dos mil pensiones por discapacidad, se juntaba a la gente en un gimnasio, para entregarles el certificado, sin que hayan pasado por ningún control o presentaran documentación médica que acredite la discapacidad”, sostuvo Diego Spagnuolo, a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad.
De acuerdo al Decreto 842/2024, el Gobierno de la Nación dispuso la revisión y el control estricto a la hora de brindar pensiones por invalidez. Si las proyecciones realizadas por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se mantienen, se espera generar un ahorro de $900 mil millones para este año.
La primera etapa de este proceso de auditoría comprende el envío de cartas documento en las que se cita a los usuarios a presentarse a un turno asignado con un médico de PAMI para que presenten la documentación requerida y se realicen las entrevistas y controles necesarios para garantizar que todos los beneficiarios accedan al proceso de auditoría y a su correspondiente revisión. Luego, los profesionales de la ANDIS analizarán la documentación de cada usuario y, finalmente, emitirán los dictámenes y resoluciones determinando quiénes cumplen con los requisitos para continuar percibiendo el beneficio.
El titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, sostuvo que “hay ciudades que están plagadas de discapacitados, eso refleja, más allá de lo que haya ocurrido en la gestión anterior, que también hay un problema en quienes otorgaron esas pensiones y las dependencias locales”.
“En Tucumán, por ejemplo, se otorgaban pensiones de a mil, mil quinientas, dos mil pensiones, se juntaba la gente en un gimnasio, para entregarles el certificado, sin que hayan pasado por ningún control o presentaran documentación médica que acredite la discapacidad”, sostuvo el funcionario.
“La gente concurría, charlaban con un médico, porque ni siquiera había una revisación, se le otorgaba un diploma, y se le decía que en breve se le comunicaría cómo empezar a cobrar la pensión”, detalló el funcionario.
Ante este panorama, la agencia inició las auditorias “caso por caso” del total de las asistencias que se dieron en los últimos cuatro años, y a posterior, avanzará con la totalidad de las ayudas registradas.
Cabe destacar que es obligatorio presentarse a la citación y que la inasistencia puede llevar a la suspensión de la PNCIL. Si no se puede asistir, se podrá justificar la falta hasta 24 horas antes de la citación, enviando un correo a [email protected] o por whatsapp a través del chatbot de TINA (54 11 3910-1010), con la documentación que justifique la ausencia y copia del DNI.
Para llevar adelante este plan de auditorías, el Ministerio de Salud firmó una serie de convenios específicos con la ANDIS y con PAMI para la contratación del servicio postal, la evaluación clínica de los beneficiarios y la implementación de los procesos administrativos necesarios para hacer efectivas las bajas.
Este plan se inició en 2024 a raíz de las irregularidades detectadas en la tramitación de las pensiones. De las 22.417 pensiones auditadas el año pasado, solo el 20% cumplió con los requisitos establecidos, lo que evidencia la magnitud del problema. También se pudo detectar que 150 personas fallecidas y 212 presos cobraban una pensión por discapacidad. Incluso, el pasado octubre se logró capturar a 14 prófugos de la justicia que percibían este tipo de pensiones. De acuerdo al cronograma de ejecución establecido, se espera contar con la evaluación de la totalidad de pensiones activas durante la primera mitad de 2025
