Las cadenas de supermercados en Argentina renovaron su reclamo para reducir la carga impositiva sobre los productos de consumo masivo, especialmente los alimentos, con un fuerte énfasis en la eliminación de impuestos provinciales y tasas municipales.
A través de una nota dirigida al presidente Javier Milei y a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) pidieron que se avance en la misma dirección que el Gobierno nacional en materia de desgravaciones fiscales.
En la misiva, las entidades manifestaron su apoyo a las políticas económicas impulsadas por Milei, destacando el recorte del gasto público y las reducciones impositivas implementadas hasta el momento. En este contexto, los supermercadistas subrayaron la importancia de extender estas medidas al plano provincial y municipal, eliminando tributos como Ingresos Brutos y tasas locales, que representan una parte significativa del precio final de los productos.
La presión impositiva y su impacto en los precios
Según el documento, “nada justifica que los precios que abonan los consumidores tengan, en la mayoría de los casos, un componente de impuestos y otros gravámenes cercano al 50%”. En particular, señalaron que la presión tributaria provincial y municipal recae con mayor peso sobre los sectores de menores ingresos, encareciendo productos esenciales y dificultando el acceso a bienes de primera necesidad.
Uno de los principales reclamos del sector apunta contra Ingresos Brutos, un impuesto ampliamente criticado por su carácter distorsivo y regresivo. Asimismo, las tasas municipales aplicadas por los distintos distritos del país fueron señaladas como un factor clave en la estructura de costos de los supermercados. Desde CAS y FASA sostienen que estas tasas no se traducen en una mejora tangible de los servicios públicos, sino que responden a una lógica meramente recaudatoria.
Tucumán, en la mira: la resistencia de Jaldo y Chahla
Dentro del panorama nacional, la provincia de Tucumán y su capital, San Miguel de Tucumán, se destacan por la negativa de sus autoridades a reducir la carga fiscal sobre el sector privado. Tanto el gobernador Osvaldo Jaldo como la intendenta Rossana Chahla han manifestado su rechazo a la eliminación de estos tributos, argumentando que son fundamentales para garantizar el financiamiento de los servicios esenciales.
El propio ministro de Economía de la provincia, Daniel Abad, vinculó cualquier posible modificación en Ingresos Brutos a una discusión con el Gobierno Nacional sobre la coparticipación federal de impuestos. Sin embargo, para los supermercadistas, este argumento no justifica la elevada presión fiscal sobre los productos de consumo masivo.
En particular, las tasas municipales impuestas por Chahla en San Miguel de Tucumán han sido objeto de duras críticas. Mientras otras intendencias del país comienzan a analizar reducciones en este tipo de tributos, la administración municipal de la capital tucumana sigue sosteniendo una estructura fiscal que, según los empresarios, afecta directamente al bolsillo de los consumidores y desalienta la inversión privada.
Apoyo a la política económica nacional
En un claro respaldo a las políticas de Milei, las cámaras supermercadistas destacaron la reciente reducción de retenciones a las exportaciones agrarias, así como la eliminación de gravámenes aplicados a automóviles y motos. “Es una plausible confirmación de la decisión de tomar las medidas necesarias en materia económica”, indicaron en su carta.
Asimismo, remarcaron que la estabilidad de precios y la reducción de la inflación han permitido una incipiente recuperación del consumo. No obstante, insistieron en que la carga impositiva a nivel provincial y municipal sigue siendo un obstáculo importante para una reactivación sostenida del sector.
“Desde nuestro sector pedimos a los gobernadores e intendentes que reduzcan sin dilaciones las cargas tributarias, para que la gente pueda acceder a los productos que necesita sin una desmedida presión fiscal, como la actual, que aumenta sus precios injustificadamente”, afirmaron.
Un llamado a la acción
Los supermercados advirtieron que Argentina atraviesa “tiempos decisivos para terminar con la decadencia” y que se requiere de acciones concretas para reducir el peso del Estado sobre la actividad privada. En este sentido, insistieron en que los gobiernos provinciales y municipales deben alinearse con la estrategia de desregulación y alivio fiscal que impulsa la administración de Javier Milei.
El reclamo de los supermercadistas no es nuevo, pero cobra mayor relevancia en un contexto en el que el Gobierno nacional avanza con una agenda de reformas estructurales. Mientras tanto, la postura de gobernadores como Jaldo y de intendentes como Chahla refleja una resistencia a modificar estructuras impositivas que, según el sector privado, solo encarecen el costo de vida sin una mejora proporcional en la prestación de servicios.
La discusión sobre la carga tributaria provincial y municipal está lejos de cerrarse. Sin embargo, el pedido de los supermercados se suma a una creciente presión sobre los gobiernos locales para que adopten medidas que alivien el bolsillo de los consumidores y fomenten la actividad económica en un país que busca salir de su estancamiento histórico.
