El Gobierno nacional continúa en la búsqueda de un nuevo Procurador del Tesoro tras la salida de Rodolfo Barra. En este contexto, el presidente Javier Milei había considerado inicialmente al ex juez Ricardo Manuel Rojas para el cargo, sin embargo, tras una reunión en Casa Rosada, las autoridades concluyeron que no era la persona ideal para la posición. A pesar de ello, no se descarta su designación en otro puesto dentro del Gabinete.
Ricardo Rojas, quien cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito judicial y académico, se reunió con el asesor presidencial Santiago Caputo. No obstante, según trascendió, el perfil del ex magistrado no encajaría con las necesidades del cargo, ya que la Procuración del Tesoro requiere un enfoque más orientado a la defensa de los intereses del Estado, mientras que Rojas tiene una mentalidad más cercana a la de un juez imparcial.
A lo largo de su carrera, Rojas se desempeñó como secretario de la Corte Suprema de Justicia y fue miembro del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal. Su perfil ha sido vinculado en el pasado con posturas libertarias, lo que lo acerca ideológicamente a la administración de Milei. Entre sus obras destacan libros como “Free City: Orden cooperativo y competencia de fuentes jurídicas” y “La inflación como delito”, este último recomendado en varias ocasiones por el propio presidente.
Aunque su nominación para la Procuración del Tesoro quedó descartada, fuentes del Gobierno indicaron que su nombre sigue en evaluación para ocupar otros espacios dentro del Gabinete. Uno de los puestos que podrían asignársele es el Ministerio de Justicia, actualmente dirigido por Mariano Cúneo Libarona, quien ha enfrentado ciertos cuestionamientos dentro del oficialismo.
Ante la vacante en la Procuración del Tesoro, el nuevo candidato que surge es Santiago Castro Videla. Se trata de un abogado y Magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, con una sólida formación en derecho constitucional y administrativo. Castro Videla es discípulo de Rojas y cuenta con experiencia en la Procuración del Tesoro, lo que lo posiciona como un firme candidato para asumir el cargo.
Además de su labor académica, Castro Videla es socio en el estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla Abogados y se desempeña en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Ha participado en la redacción de diversas obras jurídicas, entre ellas “La delegación legislativa y el Estado regulatorio” y “Estudio constitucional sobre los controles de precios y la producción”. Con tan solo 43 años, se ha consolidado como un referente en su especialidad y ha sido parte de varias asociaciones de derecho constitucional en Argentina.
La Procuración del Tesoro es un área clave dentro del Gobierno, ya que se encarga de asesorar y representar legalmente al Estado en diferentes instancias. En este sentido, la elección del sucesor de Rodolfo Barra es un proceso de suma importancia para la administración de Milei, que busca garantizar una defensa efectiva de los intereses públicos dentro del marco normativo vigente.
El reemplazo de Barra en la Procuración del Tesoro no es el único movimiento dentro del Gobierno en los últimos días. La gestión de Milei ha impulsado una serie de cambios estratégicos en diferentes áreas, alineados con su visión de reformar el Estado y optimizar su funcionamiento. Dentro de este contexto, la selección de Castro Videla o de cualquier otro candidato para el cargo podría marcar un nuevo rumbo en la estrategia jurídica del Ejecutivo.
Mientras tanto, la incertidumbre sobre el destino de Rojas dentro del Gabinete sigue abierta. Con una trayectoria que lo vincula estrechamente a las ideas libertarias promovidas por Milei, su futuro dentro de la administración es un tema de interés tanto para el oficialismo como para los sectores políticos y académicos que han seguido su carrera.
La definición final sobre el nuevo Procurador del Tesoro se espera para los próximos días, mientras el Gobierno evalúa cuál será la mejor opción para fortalecer su estrategia legal y consolidar su proyecto de gestión en el ámbito jurídico.
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