La gestión de la intendente Rossana Chahla en San Miguel de Tucumán ha sido objeto de crecientes críticas por parte de los vecinos, especialmente aquellos que residen en la zona de Blas Parera al 1700. Las imágenes que circulan muestran calles de tierra y veredas completamente destruidas e inundadas, transformando la calle Blas Parera en un verdadero pantano. Esta situación evidencia un alarmante abandono por parte de la municipalidad, que parece desentenderse de las necesidades básicas de infraestructura y servicios en ciertos barrios de la ciudad.
La indignación de los ciudadanos se ha visto exacerbada por un video en la plataforma TikTok, donde se observa a la intendente Chahla sentada junto a empleados municipales, instándolos a “trabajar duro para que no la hagan quedar mal”. Este gesto ha sido percibido como una muestra de desconexión con la realidad que enfrentan diariamente los tucumanos.
En lugar de asumir la responsabilidad que le compete y abordar de manera efectiva las problemáticas de la ciudad, Chahla parece estar más preocupada por generar contenido para redes sociales que por gestionar eficientemente el municipio. Mientras los barrios se inundan y las calles se deterioran, la intendenta parece volcar su energía en mantener una imagen pública favorable en TikTok, en lugar de trabajar para mejorar la ciudad.
Esta actitud refleja prácticas arraigadas en el peronismo y en la vieja política argentina, donde prevalece el clientelismo y los beneficios personales por encima del bienestar común. La falta de transparencia en la gestión municipal es evidente. La propia Chahla, durante su campaña, señaló que “los trabajadores del municipio están muy disconformes con la falta de transparencia” (eltucumano.com). Sin embargo, una vez en el cargo, poco se ha hecho para revertir esta situación. La opacidad en el manejo de los recursos públicos y la ausencia de rendición de cuentas son prácticas que perpetúan la desconfianza de la ciudadanía hacia sus gobernantes.
Además, resulta escandaloso que, mientras el municipio deja abandonados a los vecinos y carece de una gestión eficiente, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán cuente con un presupuesto estrepitoso y abultado. Se destinan sumas millonarias a su funcionamiento, sin que esto se traduzca en mejoras concretas para la ciudad. Se mantiene una estructura burocrática sobredimensionada que, lejos de beneficiar a los ciudadanos, parece responder a intereses políticos y de casta. La pregunta que muchos tucumanos se hacen es: ¿por qué hay tanto dinero para sostener un aparato político, pero no hay fondos para arreglar las calles y mejorar los servicios públicos? Austeridad para los tucumanos, privilegios para la política.
Contradictoriamente, mientras se adoptan medidas de austeridad que afectan directamente a los trabajadores y vecinos, la intendenta anunció el pago de un bono de $75.000 para los empleados municipales con motivo del Día del Empleado Municipal (eltucumano.com). Si bien este gesto podría interpretarse como un reconocimiento al esfuerzo del personal, resulta insuficiente y hasta irónico en un contexto donde las condiciones laborales y salariales son precarias, y donde la infraestructura básica de la ciudad está en franco deterioro.
La desconexión entre el discurso y la realidad es palpable. La intendente Chahla, en lugar de asumir un rol proactivo y comprometido con las necesidades de los tucumanos, parece más preocupada por sus redes sociales que por la gestión municipal. Sin embargo, las acciones hablan más que las palabras, y la falta de inversión en infraestructura, sumada a las decisiones que afectan negativamente a los ciudadanos, demuestran una administración que prioriza intereses particulares por sobre el bienestar colectivo.
Es imperativo que la administración municipal abandone las prácticas clientelistas y opacas que han caracterizado a la vieja política. La ciudadanía demanda transparencia, eficiencia y un compromiso real con la mejora de las condiciones de vida en San Miguel de Tucumán. La transformación de la calle Blas Parera en un pantano es solo un síntoma de un problema más profundo: la desidia y el desinterés de las autoridades por atender las necesidades básicas de la población. Sin olvidar las quejas por veredas rotas en barrio sur y el daño de un auto sufrido por un tucumano en la calle 25 de mayo.
La intendente Chahla tiene la responsabilidad y el deber de revertir esta situación. Es necesario que se implementen políticas públicas que prioricen la inversión en infraestructura, que se garantice la transparencia en el manejo de los recursos y que se escuche y atienda las demandas de los ciudadanos. Solo así se podrá reconstruir la confianza en las instituciones y avanzar hacia una gestión que verdaderamente represente y trabaje para el bienestar de todos los tucumanos.