En una nueva muestra de la incapacidad pública para manejar los fondos de la gente, el Ministerio Público Fiscal solicitó una ampliación presupuestaria de 4.300 millones.
La transferencia de esa suma, destinada al pago de haberes en diciembre, fue autorizada a través de un decreto que firmó el gobernador Osvaldo Jaldo.
El Ministerio Público Fiscal pidió una ampliación presupuestaria de $ 4.300 millones para poder cubrir la planilla salarial en el último tramo de 2024. Dicho organismo, conducido por Edmundo Giménez, solicitó esa exagerada cifra con el simple fin de pagar salarios y cerrar sin desequilibrios el período 2024.
La transferencia, autorizada por Osvaldo Jaldo, se publicó en el boletín oficial de la provincia de Tucumán; en él se puede ver la firma del ejecutivo provincial para sellar dicho acuerdo en el decreto N° 4202/3, con fecha del 17 de diciembre, que recién fue colgado en la página este martes 7/01/25.
El instrumento, que fue refrendado por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, con la firma del secretario de hacienda, Adrián Dicker, aclara que el incremento de crédito presupuestario otorgado al MPF fue destinado “al pago de haberes hasta la finalización del ejercicio 2024”.
En el decreto también se especifica que, supuestamente, del monto total autorizado -$4.300.000.000-, $ 3.300 millones fueron destinados a sueldos en el Centro Judicial Capital, $ 600 millones en el Centro Judicial Monteros y los restantes $ 400 millones en el Centro Judicial Concepción. Esto representa un incremento, uno más, al gasto público provincial.
Esta, como tantas otras, son muestras de la irresponsabilidad fiscal de muchos entes y organismo públicos que, lejos de saber manejar sus finanzas, recurren a la solidaridad del ejecutivo; quien con plata de gente autoriza pagos y gastos por doquier. En Tucumán la cultura del gasto está muy arraigada a pesar del cambio de época.
