La decisión del juez federal Guillermo Díaz Martínez, del Juzgado Federal N°2 de Tucumán, de remitir a Mendoza el amparo presentado por el diputado Carlos Cisneros contra las restricciones del PAMI para acceder a medicamentos gratuitos, ha desatado una oleada de indignación en la provincia.
Este fallo, fechado el pasado 3 de enero, deja a miles de jubilados tucumanos en una posición crítica, sin una respuesta inmediata para garantizar su acceso a medicamentos esenciales. Sin embargo, mientras crecen las críticas hacia la Justicia, también emerge un cuestionamiento sobre la inacción política y la responsabilidad histórica en la crisis estructural que enfrentan los jubilados.
El fallo judicial y sus implicancias
El juez Díaz Martínez argumentó que la causa debía trasladarse al Juzgado Federal N°2 de Mendoza, bajo la jurisdicción del juez Pablo Quiroz, debido a la existencia de un proceso similar en esa provincia. Sin embargo, esta decisión desestima una cuestión clave: la causa mendocina está limitada a jubilados de esa jurisdicción, lo que deja desamparados a los beneficiarios del PAMI en Tucumán, quienes desde diciembre enfrentan restricciones significativas para acceder a medicamentos gratuitos.
Entre las nuevas exigencias del PAMI, se encuentran condiciones como ingresos menores a 1,5 haberes mínimos previsionales o no poseer más de un inmueble, lo que ha excluido a miles de jubilados del programa “Vivir Mejor”, destinado a garantizar medicamentos para enfermedades crónicas.
El diputado Carlos Cisneros, quien presentó el amparo en nombre de la Asociación Bancaria y la Asociación Civil Red de Defensa al Consumidor y Usuario, criticó duramente el fallo. “Es inadmisible que en Mendoza se reconozca la urgencia y se otorguen medidas cautelares, mientras en Tucumán abandonan a nuestros jubilados al trasladar la causa. Este fallo genera desigualdad y pone vidas en peligro”, declaró.
La burocracia, ¿un problema judicial o político?
Aunque las críticas hacia la decisión judicial son válidas, cabe preguntarse si la situación de los jubilados tucumanos se limita a un problema de jurisdicción o si la inacción política también juega un rol crucial. El diputado Cisneros, representante de un espacio político que ha gobernado Tucumán durante décadas, ha utilizado sus redes sociales para criticar la burocracia que afecta a los jubilados, pero no ha propuesto medidas legislativas concretas para resolver esta problemática estructural.
El propio PAMI, organismo que depende del Gobierno Nacional, está en el centro del conflicto. Las restricciones anunciadas en diciembre reflejan una política de ajuste que prioriza criterios económicos sobre las necesidades de salud de los jubilados. Estas medidas, implementadas bajo administraciones afines al partido político de Cisneros, revelan una falta de planificación a largo plazo para proteger a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
En este contexto, resulta paradójico que el diputado critique la burocracia cuando ha tenido herramientas legislativas y políticas para intentar modificarla. Como legislador, Cisneros tiene la facultad de proponer leyes que simplifiquen los procesos administrativos del PAMI o aumenten el presupuesto destinado a medicamentos gratuitos. Sin embargo, hasta ahora, su accionar se ha limitado a cuestionar decisiones judiciales y denunciar en redes sociales una crisis que también es producto de la falta de acción política.
El impacto en los jubilados
Mientras la política y la justicia se reparten culpas, los jubilados enfrentan una realidad alarmante. Personas que dependen de medicamentos para tratar enfermedades como hipertensión, diabetes y afecciones cardíacas ahora se encuentran sin acceso a tratamientos esenciales. Esta situación no solo afecta su salud física, sino también su bienestar emocional, ya que muchos no tienen recursos para costear los medicamentos que necesitan.
El fiscal federal de Mendoza ya reconoció la urgencia del caso, advirtiendo que la demora en la provisión de medicamentos podría generar daños irreparables. Sin embargo, en Tucumán, la falta de una medida cautelar refleja una preocupante despriorización de los derechos fundamentales de los adultos mayores.
¿Qué puede hacer Cisneros?
El diputado Carlos Cisneros no está exento de responsabilidad. Como legislador, tiene el deber de trabajar en soluciones estructurales que aborden el problema desde su raíz. Entre las acciones que podría impulsar están:
Proponer una ley que elimine trabas burocráticas en el acceso a medicamentos para jubilados.
Gestionar un aumento en el presupuesto destinado al PAMI para garantizar el acceso a tratamientos esenciales.
Implementar programas provinciales que complementen las prestaciones nacionales en salud para jubilados.
Promover una revisión exhaustiva de las políticas del PAMI para garantizar que no excluyan injustamente a beneficiarios.
Es hora de que las críticas hacia la burocracia y el sistema se traduzcan en acciones concretas. Subir historias a redes sociales puede generar visibilidad, pero no resuelve el problema de fondo.
La crisis de los jubilados tucumanos es un problema multifacético que requiere respuestas urgentes tanto desde la justicia como desde la política. Si bien el fallo del juez Díaz Martínez ha generado un vacío legal que deja a miles de personas en situación de vulnerabilidad, la solución no puede limitarse a un debate sobre jurisdicciones.
Carlos Cisneros y otros dirigentes políticos deben asumir su responsabilidad y trabajar en propuestas concretas para garantizar que los jubilados tengan acceso a medicamentos sin trabas burocráticas. La salud y la vida de los adultos mayores no pueden seguir siendo víctimas de la inacción política y judicial.
