Mientras el gobierno de Javier Milei avanza con un discurso de rebaja y eliminación de impuestos nacionales, Tucumán da un paso en la dirección opuesta. Con el inicio del 2025, los contribuyentes tucumanos se enfrentan a un “impuestazo” provincial que incluye incrementos en tributos como Sellos, Ingresos Brutos y Tasas Retributivas de Servicios, algunos de los cuales alcanzan hasta un 300%. Estas medidas contradicen la retórica del gobernador Osvaldo Jaldo sobre su supuesta alineación con la gestión nacional y su política de reducción de la presión fiscal.
Incrementos desmedidos que superan la inflación
De acuerdo con los decretos publicados en el Boletín Oficial y firmados por el ministro de Economía, Daniel Abad, las modificaciones a la Ley Impositiva N° 8467 comenzaron a regir desde el 1 de enero. Las subas alcanzan niveles alarmantes, superando ampliamente la inflación anual estimada en 115% por las principales consultoras económicas del país.
- Impuesto a los Sellos:
Contratos de comodato de bienes muebles: aumento del 300%.
Actos notariales: incremento del 218%.
Alícuotas especiales e importes fijos: suba del 37%.
- Ingresos Brutos:
Servicios de estacionamiento, garajes y juegos de salón: alza del 233%.
- Tasas Retributivas de Servicios:
Certificados y escritos administrativos: incremento máximo del 211%.
Estos aumentos no solo agravan la situación de los contribuyentes, sino que también ponen en evidencia una contradicción fundamental entre las palabras y los hechos del gobierno provincial.
Un presupuesto que crece para la política, no para los tucumanos
Mientras los tucumanos enfrentan estas cargas impositivas sin precedentes, el presupuesto provincial para el 2025 revela un aumento significativo en áreas que, lejos de beneficiar a la población, favorecen a la clase política.
Poder Judicial: Este sector recibió un incremento presupuestario notable, con cifras que contrastan fuertemente con la falta de mejoras en los tiempos y la eficiencia de los procesos judiciales.
Poder Legislativo: Tucumán cuenta con un Legislativo provincial que se caracteriza por su baja productividad en términos de leyes sancionadas y trabajo efectivo. Sin embargo, su presupuesto se mantiene entre los más altos del país, evidenciando un uso de recursos que favorece a los legisladores y no al pueblo.
Estas asignaciones presupuestarias reflejan una lógica de privilegios que Javier Milei ha señalado repetidamente como parte del problema estructural de la “casta política”.
La contradicción de Osvaldo Jaldo
Osvaldo Jaldo se ha presentado públicamente como un gobernador alineado a la administración de Milei, destacando su intención de coordinar políticas en sintonía con el modelo nacional. Sin embargo, este impuestazo provincial es una muestra clara de que sus acciones están lejos de coincidir con el discurso oficialista.
La implementación de estas medidas fiscales no solo va en contra de los principios de reducción de impuestos que impulsa el gobierno nacional, sino que además expone la continuidad de prácticas políticas que priorizan la recaudación a costa del bolsillo de los tucumanos.
Razones ambiguas y una ausencia notable
Según los decretos oficiales, las subas de los tributos se justifican bajo el argumento de “razones de oportunidad, mérito y conveniencia”. Sin embargo, estas explicaciones vagas no logran ocultar el impacto desproporcionado sobre los ciudadanos.
Por otro lado, los decretos no llevan la firma de Jaldo, ya que el gobernador se encuentra de vacaciones. En su lugar, fue el vicegobernador Miguel Acevedo quien los rubricó en ejercicio del Poder Ejecutivo. Esta ausencia, en medio de una decisión de tal magnitud, no hace más que reforzar la percepción de desconexión de la dirigencia provincial con las necesidades de la ciudadanía.
El contraste con el modelo de Milei
Mientras Tucumán implementa estas medidas, Javier Milei avanza con su proyecto de eliminar hasta el 90% de los impuestos nacionales, al considerar que los tributos deben servir únicamente para financiar servicios esenciales y no para alimentar estructuras burocráticas. Este contraste subraya la falta de coherencia entre el discurso de Jaldo y su gestión.
Conclusión: el costo de la “casta”
El impuestazo en Tucumán es un golpe directo a los contribuyentes, que ahora deberán enfrentar cargas desproporcionadas mientras ven cómo los recursos públicos se destinan a sostener un sistema político ineficiente y privilegios que Milei ha denunciado como parte de la “casta”. La brecha entre las promesas de alineamiento con el gobierno nacional y la realidad de estas políticas provinciales solo profundiza el desencanto de los tucumanos con su dirigencia local.
En un contexto en el que el país busca reconstruirse desde una base fiscal más justa y eficiente, la gestión de Jaldo da la espalda a las necesidades de la población, priorizando intereses políticos por encima del bienestar común.
Fuente: Tendencias de Noticias
