El Monseñor Mario Cargnello, arzobispo de Salta, ha sido condenado a recibir tratamiento psicológico con perspectiva de género y a una restricción perimetral para mantener distancia de un grupo de monjas que lo denunciaron en 2002 y nuevamente en 2021 por violencia. Además, otros clérigos como el obispo emérito Martín de Elizalde, el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval, y el sacerdote Lucio Ajaya, también han recibido sanciones por su presunta participación en la agresión a las Carmelitas Descalzas del convento San Bernardo.
La pena fue impuesta por la jueza Carolina Cáceres Moreno, del Juzgado de Violencia Familiar y de Género Nª 3. El tratamiento psicológico será “a fin de trabajar patrones vinculares y hechos de violencia” y tendrán que tomar capacitaciones relacionadas a cuestiones de género, violencia de género y normativa vigente.
En su resolución, la jueza Cáceres Moreno planteó que las monjas “han sido víctimas de violencia de género en el ámbito institucional religioso, manifestada en formas físicas, psicológicas y económicas durante un período de más de 20 años”. Esto incluye “la obstrucción, demora o negativa en la elección de la Priora y el préstamo de dinero al Obispo sin devolución hasta la fecha”, lo que constituyó violencia de género de tipo psicológica y económica.
Además, la jueza afirmó que “los hechos ocurridos durante la visita apostólica realizada por Monseñor Martín de Elizalde el 25/10/21 (…) constituyeron violencia de género de tipo psicológica”.
Asimismo, destacó que “la comparecencia del Vicario Judicial Loyola Pinto y de Sancristóval al monasterio el 27/04/22, con el fin de informar a la comunidad carmelitana sobre las disposiciones de la Santa Sede, sin que la comunicación haya sido clara en su notificación”, también configuró violencia de género de tipo psicológica.
También se ordenó notificar al papa Francisco y se impusieron costas judiciales a los acusados, con revisión de conducta de los abogados implicados. La causa por violencia empezó en 2002. La jueza instó a las denunciantes a realizar retiros y/o ejercicios espirituales para abordar psicológicamente las consecuencias del maltrato sufrido.
