La Nación hizo una denuncia contra el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico por beneficiar con el envío de $473 millones a dos cooperativas de las que él mismo había formado parte mientras se desempeñaba como secretario de Economía Social del ex Ministerio de Desarrollo de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández.
La denuncia penal ante la justicia federal fue realizada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, por medio de la Subsecretaría Legal y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia encabezada por Pablo de La Torre. Pérsico fue acusado por los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
En ese sentido, el área de Capital Humano señaló que la Secretaría de Economía Social que él conducía ejercía la supervisión y control de las actividades en el marco del programa Potenciar Trabajo y autorizaba los giros de dinero en concepto de subsidios y/o créditos ministeriales a las unidades de gestión para la realización de proyectos socio-productivos, socio-laborales y socio-comunitarios.
“Es decir, que dichas unidades de gestión, a fin de poder continuar con el cumplimiento –y por ende con posteriores desembolsos- requerían un informe técnico favorable por parte de la unidad ejecutora, dentro de la órbita de la Secretaría de Economía Social a cargo del Sr. Pérsico”, se precisó.
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De esa manera, entre 2020 y 2023, esa Secretaría autorizó giros por un total de $473 millones a la Federación de Cooperativas de Trabajo “Evita” LTDA y a la cooperativa La Patriada para diversas actividades en el Potenciar Trabajo a través de la firma de diversos convenios. Al respecto, se remarcó que el hecho de que los fondos que salieron de las arcas del Estado fueran destinados a ambas cooperativas representa un “daño patrimonial concreto y/o real respecto del patrimonio de la administración pública”.
Según radica en la denuncia, Pérsico fue presidente de la primera hasta 2019, lo cual fue confirmado por el acta de la asamblea ordinaria del 12 de abril de 2019, y socio de la segunda. Sin embargo, la Ley 25.188 de ética en el ejercicio de la función pública le impedía intervenir en trámites hasta tres años después de su renuncia, publicó Perfil.
“Por lo expuesto, se indica que los fondos del Estado, controlados por el Sr. Pérsico, eran dirigidos a organizaciones de las cuales formó –forma- parte y estaba estrechamente vinculado. Ese era el rol de Pérsico en toda esta maniobra: provocar el pago de los subsidios estatales a las organizaciones de su interés. Su accionar no sólo importó una violación a la ética de los funcionarios públicos, sino también la comisión de delitos penales que deberán ser debidamente investigados”, expresaron desde la cartera de Capital Humano.
La denuncia del Ministerio se dio luego de que la cartera tomara conocimiento de una condena firme existente en la Oficina Anticorrupción (OA) contra Pérsico que data de diciembre de 2023, según explicaron desde Capital Humano. A raíz de ese descubrimiento, se realizaron distintas investigaciones y auditorías tanto en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) como en distintos organismos estatales, todas “en el marco de la política anti-corrupción” del gobierno de Javier Milei.
La OA había condenado al piquetero por intervenir como “juez y parte” en distintos expedientes administrativos durante su gestión al frente de la Secretaría de Economía Social. En ese sentido, “aprovechaba su cargo para interceder a favor de la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada para concederles a dichas entidades importantes subsidios económicos provenientes de las arcas del Estado”, indicaron desde Capital Humano.
El organismo estableció que Pérsico “infringió el deber de abstención establecido en el artículo 15 inciso b) de la Ley 25.188. Ello por su intervención en expedientes particularmente relacionados con la COOPERATIVA DE TRABAJO LA PATRIADA LTDA. y la FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO EVITA LTDA., respecto de las cuales debía excusarse de intervenir en virtud de su calidad de socio de la primera y, respecto de la segunda, en virtud de haber sido directivo sin que transcurrieran TRES (3) años desde su renuncia a tales funciones”.
El piquetero dijo: “Cuando asumí había un expediente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA. Yo cometí el error de renovarle el convenio, no sabía que no podía. Después de darme cuenta, fui directamente a la Oficina Anticorrupción. Fui y acepté mi error, y pregunté cómo lo podía corregir. Me dijeron que debía abstenerme de intervenir de ahí en más y eso hice. Yo firmé el convenio marco. Los desembolsos los firmó otro secretario”.
