La investigación judicial para identificar a todos los policías que participaron del intento de alzamiento registrado a fines de febrero de este año, avanza firme con la idea de sumar nombres a la lista compuesta por cuatro efectivos de la fuerza de seguridad y un civil, con la que la fiscal Mariana Rivadeneira dio los primeros pasos luego de que la frustrada huelga de uniformados se descubriera al trascender posteos y mensajes de los conspiradores.
El último sábado del mes pasado, el jefe de Policía Joaquín Girveau llevó a Delitos Telemáticos de la fuerza que encabeza docuemntos en los que se exponía un grupo de WhatsApp denominado “Sueldo Policial 2024”, surgido dos días antes y que contaba con más de 1.000 integrantes, denunciando que desde esa y otras redes sociales se estaba incitando a una protesta policial que los investigadores certificaron con más evidencias, consiguiendo que el juez de turno habilitara allanamientos en varios puntos de la provincia.
Los procedimientos permitieron el secuestro celulares y otros dispositivos para ser revisados y se aprehendió a cinco sospechosos que fueron señalados como presuntos organizadores de la revuelta policial, identificados como:
– Carlos Alberto Córdoba: empleado de la Municipalidad de Lules que está acusado de haber publicado el mensaje “vamos por el autoacuartelamiento”.
– Walter Federico Moreno: empleado policial que es el titular de la cuenta donde se realizaba el depósito del dinero de la colecta que realizaban para contratar los servicios de un abogado.
– Juan Eduardo Adrián Chebbib: también efectivo que cuestionó a los administradores del grupo de WhatsApp por haber desaparecido.
– Héctor Eduardo Coria: empleado policial que trabajaba en prensa del Ministerio de Seguridad y que fue individualizado por haber facilitado el contacto para dialogar con un abogado.
– Víctor David Graneros: efectivo que fue el creador del grupo “Salario Policial 2024” donde los sospechosos se organizaron.
Días después, la fiscal dispuso el procesamiento del abogado Gustavo Morales, al dar entre otros indicios, con un mensaje de audio en el que el profesional ofrecía sus servicios para “fines nobles y que estén relegados por una superioridad corrupta, aquí estoy”.
Todos los acusados negaron su participación en el caso, pero incurrieron en contradicciones. Por ejemplo, Coria negó conocer a Morales, pero fue quien reenvió el audio del profesional al grupo de sospechosos. El abogado, en la audiencia de formulación de cargos, denunció al jefe de Policía por apremios ilegales, aún cuando el procedimiento en el que fue sometido contó con el aval del veedor del Colegio de Abogados.
El juez Alejandro Valeros admitió la acusación solicitada por Rivadeneira y todos los nombrados fueron procesados por instigar una sedición policial. Con excepción de Morales, al resto se les dictó la prisión preventiva por dos meses, además de una resolución clave, que declaró la investigación como compleja, por lo que la fiscalía dispondrá de mucho más tiempo para revisar el expediente.
Por decisión del ministro fiscal, Edmundo Jiménez, la fiscal Susana Cordisco aportará a la pesquisa.
Según revelaron fuentes judiciales, al revisar sólo uno de los celulares secuestrados, fueron identificados varios uniformados que habrían decidido sumarse a la huelga policial, algunos de ellos evocando el alzamiento de diciembre de 2013, sosteniendo que “esa fue la única vez que nos escucharon. Tendríamos que hacer lo mismo”, tal como escribió uno de los sospechosos en referencia a la huelga uniformada que originó los trágicos saqueos que enlutaron a toda la provincia.
Aunque no se obtuvo ninguna precisión sobre lo que ocurrirá en el futuro, no se descarta que en las próximas horas se realicen nuevos allanamientos y más detenciones. “Este es un problema serio, que va mucho más allá de la situación de un abogado; acá estamos hablando de que hubo un plan para acabar con la paz”, enfatizó una fuente judicial.
El gobernador Osvaldo Jaldo sigue muy de cerca el desarrollo de la investigación. “Todos los que están detrás de esta movida y los que pretenden sumarse, terminarán tras las rejas”, enfatizó el titular del Poder Ejecutivo antes de viajar a Buenos Aires.
Casualidad o causalidad, el intento de huelga llegó al juicio que se está desarrollando en contra del ex jefe de Policía Mario Racedo y más de 30 efectivos. Los acusados no sólo analizaron la situación, sino que también se ventiló durante el debate. Diego Herrera, considerado como uno de los cabecillas, indicó que Víctor Nacusse, uno de los referentes de los miembros de la fuerza calmaba a sus compañeros y les pedía que negocien. “Nos llamó la atención que, a pesar de que varios de ellos ya no forman parte de la fuerza, sigan opinando y analizando planteos salariales”, remarcó una fuente.
Mientras tanto, en una suerte de partida de ajedrez. Mientras el Colegio de Abogados anunció que pediría el juicio político contra una fiscal y una jueza por el allanamiento y la detención del penalista Gustavo Morales, el gobernador Osvaldo Jaldo salió a respaldar el accionar de la Policía y del Poder Judicial.
La institución letrada trató y aprobó el trámite para que el presidente de la entidad requiera el juicio político en contra de la fiscal Mariana Rivadeneira y la jueza María Valeria Mibelli, tras lo cual la Comisión Asesora de Juicio Político de ese cuerpo elevó un informe en el que cuestionan el accionar de las dos magistradas y encomendaron al Consejo de la entidad que se inicie el pedido formal de destitución. Horas después, el Consejo se reunió y aprobó la sugerencia.
El titular del Colegio ahora deberá presentar el pedido en la Legislatura. Los dirigentes aclararon que esta es una reacción por el ataque a la profesión.
“Ante el intento de levantarse contra el pueblo tucumano como ocurrió en diciembre de 2013, un hecho que ni queremos recordar, quiero expresar mi total respaldo al Poder Judicial porque supo actuar en tiempo y en forma. Se han detenido a los supuestos responsables y sigue avanzando judicialmente. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, aseveró Jaldo.
“Se han detenido a los supuestos responsables y se sigue investigando porque llegaremos hasta las últimas consecuencias. Valoro la actuación de la Policía y de la Justicia, porque han evitado que los tucumanos volvamos a vivir lo de 2013. Esos días en los que no sólo se perdieron vidas, sino que también hubo caos que generó serios problemas económicos a muchos tucumanos. Este gobernador va acompañar y colaborar para, sí la Justicia lo determina, queden presos todos los responsables”, sentenció./La Gaceta
