El Gobierno nacional está considerando dos opciones en relación con el reciente fallo desfavorable sobre la disputa por fondos coparticipables de Chubut.
Una de estas opciones es apelar el fallo ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, mientras que la otra es solicitar un per saltum para que la Corte Suprema resuelva el caso directamente.
A través del per saltum, el oficialismo tendría la posibilidad de apelar el fallo directamente ante la Corte Suprema, evitando las instancias judiciales intermedias. En este contexto, consideran que la relación entre las provincias y el Gobierno nacional es competencia plena del máximo tribunal.
El per saltum es una herramienta legal que funciona de la siguiente manera: una vez que una causa ha recibido una sentencia del juzgado competente de primera instancia y si se considera que tiene gravedad institucional, las partes apelantes pueden llevar el caso directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eludiendo así el proceso de segunda instancia.
El procedimiento normal de un trámite judicial se inicia con una causa ordinaria en materia civil, comercial o administrativa que ingresa a un Juzgado de Primera instancia, quien luego del trámite dicta sentencia, posteriormente en caso que las partes se sientan afectadas tiene el derecho a apelarla ante una cámara, donde resolverá un tribunal compuesto por tres jueces y, ante tal pronunciamiento, queda la instancia extraordinaria y última en nuestro país: acudir ante la Corte Suprema.
Cuando una de las partes presenta un per saltum, los jueces del máximo tribunal se reúnen en una reunión de acuerdo y analizan si el pedido es justificado o no. Si lo aceptan, volverán a reunirse para emitir una sentencia definitiva. Si lo rechazan, la causa continúa su trámite natural.
