En un incidente que conmocionó al país, este jueves, cerca de Villamontes, a unos 90 kilómetros de la frontera con Argentina, cinco miembros del Ejército Boliviano perdieron la vida de manera brutal. Los subtenientes Yamil Argani y José María Romero, así como los sargentos Braulio Pacaje, Vladimir Pacasi y Ruddy Mendoza, fueron emboscados por una organización criminal y posteriormente incinerados dentro de su vehículo. Este trágico suceso ha generado consternación en la nación.
Inicialmente, se consideró que el incendio podría haber sido consecuencia de un accidente de tránsito, pero el viceministro de Lucha contra el Contrabando, Daniel Vargas, descartó esta hipótesis y señaló que se trató de un acto criminal premeditado. Este acto se percibe como una manifestación de la violencia que enfrentan las fuerzas armadas en su lucha contra el contrabando y el narcotráfico. Vargas afirmó que se está llevando a cabo una movilización de los grupos de inteligencia militar para identificar y capturar a los responsables de esta atrocidad.
De acuerdo con información policial, los uniformados asesinados participaban en una operación dirigida a combatir actividades ilícitas en las zonas fronterizas bolivianas, y el día del crimen estaban persiguiendo un vehículo que transportaba sustancias químicas ilegales.
Testigos relataron que la camioneta militar fue obligada a salirse del camino y volcó. Aprovechando la confusión posterior al accidente, los atacantes desarmaron a los militares, los rociaron con gasolina y los prendieron fuego. Tras el brutal asesinato, los perpetradores huyeron, dejando botellas de gasolina como evidencia del horror.
Posteriormente, uno de ellos se jactó del crimen, lo que quedó registrado en uno de las varios audios que, por una razón aún no determinada, terminaron en las redes sociales y llegaron a oídos policiales. “Tanto que hacen llorar a la gente estos maleantes, están ardiéndose como perros que son”, se escucha en una de estas grabaciones, que fueron reproducidas por los medios de comunicación.
La atención internacional se centra en Bolivia, especialmente al considerar la situación actual en Ecuador, donde el narcotráfico ha adquirido un poder considerable. Según la oposición, Bolivia comparte vulnerabilidades económicas, sociales e institucionales similares a las de Ecuador, y el Gobierno de Luis Arce no está tomando las medidas necesarias para evitar que los narcotraficantes se infiltren en las instituciones públicas, en particular en la policía y las cárceles, ni para prevenir la creación de zonas liberadas fuera del control estatal, similares a las establecidas por las organizaciones de contrabandistas en las fronteras.
Estas organizaciones, fuertemente armadas, a veces responden con violencia y muerte a las brigadas militares que intentan detener los convoyes de mercancías de contrabando, que a veces incluyen precursores químicos necesarios para la producción de cocaína. Aunque la oposición alerta sobre vulnerabilidades similares que podrían ser explotadas por el crimen organizado en Bolivia, el gobierno de Arce insiste en que la presencia de grandes mafias internacionales no es comparable con la situación ecuatoriana.
No obstante, Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína, después de Colombia y Perú, con más de 300 toneladas de narcóticos estimadas en el mercado según las autoridades estadounidenses en 2021.
El año pasado, el país admitió que ya no solo produce la “pasta base” de la droga, sino también el clorhidrato o cocaína refinada. Existe temor de que esto indique la presencia de carteles de drogas en Bolivia. Hace una semana, el Gobierno llevó a cabo uno de los mayores decomisos de la historia, confiscando 8.7 toneladas de cocaína que se dirigían hacia Chile con destino a los Países Bajos. Una de las noticias más destacadas del año 2023 fue la espectacular fuga de Sebastián Marset, considerado por las autoridades como un “narco de talla mundial”, quien eludió a la policía y cruzó las fronteras nacionales, aparentemente para refugiarse en Paraguay.
