La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) ha solicitado al Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán el tratamiento urgente de su solicitud para actualizar el valor del boleto urbano. En su pedido renovado, los directivos de la entidad también instalaron al cuerpo vecinal a implementar una actualización automática y trimestral del pasaje, actualmente establecida en $120.

El 5 de octubre, Aetat había enviado una nota al presidente del Concejo, el peronista Fernando Arturo Juri, buscando un aumento en la tarifa de los colectivos. En ese momento, el estudio de costos adjuntos estimaba que el viaje debería fijarse en $504.

En la actualidad, los empresarios han reiterado su solicitud de aumento, argumentando que se debe a "los índices de inflación y la inestabilidad económica que afectan al país y, sobre todo, a nuestra actividad". Según los nuevos cálculos derivados de un estudio técnico, ahora proponen que el pasaje debería costar $608,83.

Los empresarios señalan que la crisis en el sector es "terminal" y advierten que, de no tomar medidas urgentes, la paralización definitiva del servicio será inminente en pocos días. Aseguran que esto no es una amenaza, sino una realidad que comunican formal y oportunamente al cuerpo legislativo.

 

En su comunicado, los empresarios del transporte presentan tres puntos para respaldar su solicitud de ajuste al Concejo de la Capital. En primer lugar, destacan la inflación, indicando que los precios han aumentado antes, durante y después de las elecciones nacionales. Además, señalan la complicación del sector debido a la dolarización de sus insumos, especialmente el valor de las unidades y repuestos, combustibles y cubiertas.

En segundo lugar, destacan el "costo laboral y sindical", argumentando que los salarios en la actividad han aumentado más del 33% debido a una readecuación paritaria desde la presentación de octubre.

En tercer lugar, abordaron los "aportes o subsidios" y la "política tarifaria municipal". Critican que el municipio capitalino no considera la problemática en su totalidad y se desentiende de los reclamos del sector, optando por criterios políticos en lugar de consideraciones técnicas y razonables al fijar las tarifas.

Ante esta situación, los empresarios afirman que se ven obligados a solicitar un ajuste en el precio del boleto urbano y piden que el valor de los abonos gestionados a través de programas estatales se liquide aplicando la tarifa vigente. Además, instan al Concejo Deliberante a establecer un sistema de actualización trimestral de la tarifa conforme a los índices inflacionarios pertinentes, ya que consideran que los subsidios recibidos, tanto de la Provincia como de la Nación, no cubren el costo de la planilla salarial.

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