“Debemos remarcar que el imputado, no conforme con su accionar, volvió a llamar a la escuela y a reiterar la amenaza de bomba”, enfatizó la auxiliar fiscal Jessie Luz García, de la Fiscalía de Cibercriminalidad que conduce Carlos Saltor. En el banquillo de tribunales, Juan Martín M. B. (20 años) escuchó atentamente la acusación y, siguiendo el consejo de su defensora, prefirió no declarar sobre los hechos.
El caso ocurrió el 25 de agosto a las 16.50. El recepcionista de la escuela Técnica N° 1 atendió un llamado telefónico en el que un joven con una voz agitada le indicó que había una bomba dentro de la institución y luego le cortó. El recepcionista advirtió a la directora de la escuela ubicada en Crisóstomo Álvarez al 700 sobre la amenaza para que se iniciara el protocolo de evacuación y se llamara al personal policial y de bomberos, pero la impaciencia superó al joven instigador, que volvió a llamar a la secretaría: “¡qué te hacés el pícaro! ¡Hay una bomba, ya hacé evacuar el colegio!”.
García detalló que los uniformados se presentaron en el establecimiento educativo y que con las autoridades de la escuela hicieron que cerca de 200 alumnos, más los docentes y empleados, desalojaran el edificio para que se realizara una inspección, según publica La Gaceta. Se cortó una calle neurálgica del microcentro en un horario pico hasta que se confirmó que se trataba de una falsa alarma.
La investigación comenzó en la fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, que solicitó informes para determinar de cuál línea telefónica salió la llamada amenazante. Desde el 2 de octubre, la causa pasó a manos de la nueva fiscalía especializada en delitos digitales.
Los informes arrojaron un número de IMEI que pertenecería al acusado. Por esa razón el fiscal Saltor solicitó allanar la casa del joven, en barrio Modelo. “Allí secuestramos un celular que coincide con el número de IMEI, el número de chip y de abonado con el dispositivo que habrían utilizado para hacer las amenazas”, detalló la auxiliar fiscal.
Luego de que el imputado confirmara que optaría por el silencio, la Fiscalía le solicitó al juez Guido Buldurini que le dicte la prisión preventiva por 60 días para cautelar el proceso. La acusadora advirtió que en una de las llamadas el acusado habría mentido que era un ex alumno que había sido expulsado, con el fin de desviar y entorpecer la investigación. También que una vecina lo describió como un joven problemático que había vuelto a la casa de sus padres hace poco, pero que en el último tiempo habría estado viviendo en una pensión.
La defensora oficial Jimena Cruz Prats se opuso a la preventiva. “El joven se puso a disposición de la Justicia y no puede entorpecer las pericias pendientes”, indicó, y solicitó que el acusado quede en libertad, o bien, que solo le dicten el arresto domiciliario. El juez Buldurini analizó las circunstancias y finalmente resolvió ordenarle al imputado el arresto domiciliario por 45 días. Tuvo en cuenta que, al no tener antecedentes, sería muy probable que el joven -en caso de ser condenado- afrontaría una pena condicional.
