La jueza Valeria Brand presentó su renuncia al Juzgado de Familias y Sucesiones de la V° Nominación del Centro Judicial de la Capital. Esta decisión llega después de enfrentar siete pedidos de juicio político y recibir críticas y protestas por su desempeño en varios casos, incluyendo acusaciones de dejar a niños desamparados ante sus abusadores y de impulsar una “cacería humana” contra un padre que protegía a su hija. La Comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán había decidido abrir un proceso de destitución para investigar su actuación en varios casos en los que se alegaba que la jueza no protegía adecuadamente a los niños y niñas involucrados.
En los casos conocidos como Brisa y Rocío -nombres ficticios con el que se conoce a las víctimas- los denunciantes afirman que “la jueza Valeria Brand, en vez de proteger a las niñas y a sus hermanitos, utilizó todo el aparato estatal para revictimizarlas y atormentarlas”.
De las causas penales se desprende que a Brisa la abusó sexualmente su propia madre y su novio, cuando la niña tenía 4 años. A Rocío la abusó su tío materno cuando tenía entre sus 5 y 10 años, y su madre está acusada de encubrir los abusos.
En el caso de Brisa, dictó una resolución para sacarla del cuidado de su papá -que la criaba solo desde los 8 meses de vida porque su madre la había abandonado- con el objeto de entregarla a su madre y su pareja, luego acusados de los abusos.
Ante la oposición del Papá de Brisa, la jueza impulsó “una verdadera cacería humana por desobediencia judicial”, aseguraron: en 10 días se llevaron adelante 16 allanamientos “para “cazar” a la niña y meter preso a su papá que la estaba protegiendo con alma y vida”.
“Para evitar que Brisa sea entregada a los violadores, su papá estuvo escondido con Brisa durante 10 días a la intemperie en los cerros tucumanos, hasta que intervino la Cámara de Familia y detuvo esta cacería humana. La madre y la pareja de ella, tienen requerimiento de elevación a juicio por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de Brisa, agravado por el vínculo y por la intervención de dos personas”, señalaron los denunciantes.
Además, subrayaron que “en el caso de “Rocío”, sabiendo la jueza que el abusador estaba libre y que la madre concurría a la casa de él -según las constancias del expediente-, mantuvo a los hermanitos más chicos de “Rocío” (de 3 y 7 años) en situación de vulnerabilidad y desamparo al impedir -durante casi dos años- que el Papá de los niños los cuidara a pesar de sus ruegos y el peligro en que estaban por estar el abusador libre como lo destacara una psicóloga en el expediente”.
Según los denunciantes, “en los cuatro casos, la jueza descalificó la palabra de los niños y los revictimizó con reiteradas intervenciones judiciales a pesar que los psicólogos de los menores las desaconsejaban por el delicado estado psíquico y emocional que estaban atravesando”.
“Una jueza que en vez de proteger a niñas víctimas de abuso sexual, no solo las revictimiza, sino que las entrega a sus violadores o las mantiene en situación de desamparo; una jueza que maltrata a nuestros hijos, ocasionándoles graves daños psicológicos y físicos -como el ataque de pánico y la parálisis facial que sufrió M. luego de la audiencia- no solo no puede ser jueza, sino que debería ser investigada judicialmente”, aseveraron los denunciantes.
“Los niños y niñas de la provincia están en peligro con una jueza así. Tucumán tiene que alzar la voz en defensa de sus niños y niñas”, finalizaron los denunciantes.
