El fiscal Diego López Ávila quien, conjuntamente con Adriana Giannoni se hicieron cargo de la investigación de la sedición policial que generó los saqueos de diciembre de 2013, afirmó que “hay sobrada evidencia para que el caso llegue a una condena”.
Desde este martes, 42 personas van a juicio por diferentes delitos, en lo que, se estima, será el debate más importante de todos los que se hayan realizado en la provincia, sin considerar los de lesa humanidad que se desarrollaron por la Justicia Federal.
El 8 de diciembre de aquel año, los miembros de la Policía comenzaron con una huelga por un reclamo salarial que se prolongó a lo largo de tres días. Durante ese tiempo, aprovechándose que los habitantes de la provincia estaban desprotegidos, una horda de delincuentes comenzó a saquear todo lo que encontraba en su camino. Los vecinos, en cambio, se armaron y colocaron barricadas para protegerse de los vándalos. La provincia quedó envuelta en un profundo caos.
Mientras Tucumán se hundía en la anarquía, hubo una reunión en el Ministerio Público Fiscal donde se tomó una decisión. Se designó a la fiscal Adriana Reynoso Cuello para investigar los robos que se registraban, mientras que Giannoni y López Ávila tuvieron a su cargo investigar a los que habían generado el caos.
El fiscal indicó que los sediciosos habían copado la subjefatura de Policía, punto clave en la actividad de la fuerza, ya que allí funcionaba el servicio 911, división central en esos tiempos en la prevención del delito. “Lo primero que resolvimos fue solicitar una orden de allanamiento, pero el pedido fue rechazado por el juez Víctor Manuel Pérez (ya fallecido) y cuando nos lo dieron porque insistimos, los sospechosos se retiraron del lugar”, destacó. “En esos momentos nos dimos cuenta de lo que sucedía al observar a los uniformados aplaudir a las personas que circulaban para robar”, agregó.
“No fue sencillo avanzar con nuestro trabajo. No hay que olvidarse de que en esos tiempos no existía el Equipo Científico de Investigación Fiscal, es decir, eran policías investigando a sus compañeros”, explicó Giannoni. “Además se hizo bajo un clima de extrema tensión. Fuimos amenazados y nos debieron asignar custodia. Lo mismo pasaba con los testigos: muchos de los que hablaron no dijeron todo por temor a sufrir represalias”, añadió la fiscal, que ya está jubilada.
Después de seis meses de investigación, con testimonios de integrantes de la fuerza, informes de la Policía y registros fílmicos, fundamentalmente, los fiscales determinaron los roles y las acusaciones que hicieron en contra de más de 40 personas. Dividieron los cargos en tres grandes grupos:
1- Individualizaron e imputaron a los cabecillas de la huelga y los acusaron básicamente de haber liberado a la provincia para que terceros cometieran diferentes ilícitos como forma de presión para que el Gobierno les concediera los pedidos que habían realizado. También sostuvieron que impidieron bajo amenazas que sus compañeros se incorporen al servicio.
2- También identificaron a un importante grupo que participó en la huelga, que no se presentó a cumplir servicios y amenazó a los que sí querían hacerlo.
3- El único funcionario acusado fue el jefe de Policía, Jorge Racedo. Le endilgaron no haber tomado las medidas necesarias para desactivar la huelga ni dispuesto las acciones correspondientes para detener a los revoltosos.
En junio de 2014 solicitaron que 47 acusados fueran enjuiciados por varios delitos y su solicitud debería haber sido analizada por el juez Pérez, el mismo que había negado que se realizara el allanamiento para poner punto final a la sedición.
Por razones desconocidas, el planteo pasó a manos de la jueza Mirta Lenis de Vera, que aceptó el pedido en noviembre de 2015, es decir, 16 meses después de que se lo hiciera. A partir de ese momento, los entonces jueces de apelación Enrique Pedicone y Eudoro Albo analizaron los múltiples recursos que presentaron los defensores de los acusados y resolvieron en febrero de 2018 que la causa llegue a debate oral.
A partir de ese momento, el expediente comenzó a recorrer un largo camino en el que por cuestiones de agenda del primer tribunal y por lo complicado que resultó organizar un debate de estas características, se demoró hasta ahora, cuando por fin dará inicio el juicio. Así Tucumán se transformó en la única provincia del país que no enjuició a los autores de las huelgas policiales que se registraron entre noviembre y diciembre de 2013 en distintos puntos del país.
El tribunal, integrado por los jueces Gustavo Aldo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica serán los encargados de dirigir el histórico debate que tendrá algunos ribetes especiales.
La acusación será sostenida por los auxiliares Rafael Heredia Carreño y Gerardo Archa, bajo la conducción del fiscal de Cámara Daniel Marranzino. Fuentes del Ministerio Público afirmaron que el principal objetivo es lograr que todos los acusados sean condenados por algunos de los delitos por los que fueron imputados. Pero saben desde un primer momento que no podrán hacerlo con todos.
El Gobierno actuará como querellante y el Estado estará representado por José María Molina y Santiago Luis Xamena. Ambos desistieron de realizar declaraciones hasta tanto avance el debate, aunque sí señalaron que representarán los intereses de la provincia.
La tarea de asistir a los acusados, en tanto, quedará en manos de cuatro defensores oficiales y 10 particulares. “No hay mucho margen para plantear nulidades. El mayor desafío de los acusadores será demostrar la participación que le endilgan a cada uno de ellos”, aseguró el defensor de uno de los cabecillas Ernesto Baaclini. “A mi entender no hay demasiadas evidencias. Que aparezcan en una filmación no es suficiente para demostrar que haya alentado la sedición”, añadió.
“Será un debate largo y complejo en el que deberemos mostrar todas las cartas que tenemos guardadas para esta instancia”, agregó Julieta Jorrat.
Arnoldo Ahumada, defensor del ex jefe de Policía, anticipó que en la audiencia quedará probado que la acusación que recibió tiene que ver con las antipatías que cosechó como titular de la fuerza. “Se equivocan al considerar que él no dio ninguna orden para evitar que se registraran esos lamentables episodios. Racedo advirtió a las autoridades de lo que estaba sucediendo y esperó una orden política y judicial para actuar”, afirmó el profesional. “Pretendía que le dieran una orden para actuar y que fuera controlado para evitar cualquier tipo de excesos, pero nunca sucedió”, explicó.
Pablo Rivera, quien está a cargo de la defensa de otro de los apuntados como cabecillas, consideró que el juicio tendrá una fuerte carga política. “Demostraremos que las autoridades sabían de esta situación y que no hicieron nada para detenerla. Al observar el caos que se generó, salieron a buscar responsables, como es el caso de mi defendido. Aquí nadie dijo por qué el ex gobernador José Jorge Alperovich decidió quitar los autos de sus concesionarias dos días antes de que comenzaran los saqueos”, señaló el letrado.
López Ávila resaltó la importancia de que se lleve adelante este juicio oral. “Por la inmediatez de un debate pueden surgir nuevos indicios o más pruebas. Por eso hay que esperar los resultados de las audiencias”, concluyó el fiscal.
