En un fallo sin precedentes a nivel nacional y considerado histórico, la justicia en la provincia de Tucumán ha determinado que los padres de una menor sean imputados por las acciones cometidas por su hija. Esta medida se basa en la ley que establece la responsabilidad parental y marca un hito en la jurisprudencia del país.
El juez Alejandro Tomás, al emitir su fallo, reconoció que esta situación ha sido objeto de intensos debates en la doctrina legal, pero aún así accedió a la solicitud presentada por el Ministerio Público Fiscal. Esta solicitud vincula penalmente a los padres, identificados como E. y J., con el caso de homicidio culposo ocurrido en 2021, protagonizado por su hija L., quien tenía 12 años en ese momento.
Para proteger la identidad de la menor, los nombres de los involucrados no se han revelado de manera directa. Los medios que asistieron a la audiencia aceptaron la condición de no exponer a la causante en sus narrativas, ya que al momento del accidente mortal, ella no era imputable.
Según Diego Hevia, el titular de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas I, el 22 de mayo de 2021, los padres permitieron que su hija de 12 años manejara una camioneta Toyota Hilux y la condujera hasta la casa de un pariente en Las Talitas. . Durante ese viaje, ocurrió la tragedia cuando la niña perdió el control del vehículo, impactando contra una pared después de atropellar a un niño de tres años en la vereda.
La comunidad quedó conmocionada y en caos tras el incidente. Vecinos declararon que la conductora iba a alta velocidad y que aparentemente intentaba derrapar antes de perder el control. No era la primera vez que la niña manejaba vehículos a motor, ya que solía hacer acrobacias en moto y conducir un cuatriciclo azul por la cuadra.
La familia de la niña también tuvo una reacción violenta, yendo al lugar del accidente armados y realizando disparos al aire para intimidar a los presentes. Posteriormente, se llevó el vehículo del accidente junto con la niña. Más tarde, entregaron el vehículo a las autoridades para su peritaje.
En relación a este segundo incidente, la fiscalía solicitó todos los allanamientos que resultaron con el secuestro de armas no registradas a nombre de sus poseedores, una de las cuales estaba relacionada con un robo en 2016. Los tres familiares de L. y un sereno que trabajaba para la empresa de transporte de la familia enfrentaron cargos por posesión no autorizada de armas.
Además, los padres de la menor involucrada en la tragedia fueron acusados de homicidio culposo, no como autores directos, sino por no haber tomado medidas para prevenir el fatal accidente. La defensora de los imputados, Tania Visintini, argumentó que existía una discrepancia entre los fiscales respecto a la imputación y cuestionó la legitimidad de los nuevos allanamientos y la tardanza en su realización.
La audiencia del caso vio a los acusados optar por no declarar. El fiscal sugiere medidas cautelares a menores, como imponer normas de conducta y la prohibición de acercarse a la familia de la víctima. Además, sugirió una fianza de $10 millones para E. y J. para garantizar su cooperación con el proceso. El juez Tomás aceptó la caución, aunque redujo la suma a la mitad de la cifra originalmente solicitada por la Fiscalía.
