Miriam Amanda Paz (57), señalada como la presunta autora intelectual del asesinato de Lautaro Alexander Ostriz (24), optó por defenderse negando cualquier vínculo con el caso. “No tengo nada que ver. No conozco a nadie de los mencionados. Aclaro que soy una víctima de un complot de la policía porque los denuncié”,afirmó la mujer durante la audiencia a la que fue llevada tras su detención en una lujosa residencia en el asentamiento. Madre Teresa de Calcuta, en Alderetes.
A pesar de esta declaración exculpatoria, a la que se unió su hijo Roque Miguel Tula (32), a ambos se les impuso la detención preventiva por tres meses, en el contexto de un caso en el que se fortalece la línea de investigación relacionada con el narcotráfico.
El jueves 10, Lautaro se encontró con alguien en una ubicación en Estación Aráoz. Un amigo lo llevó hasta ese sitio y después no se supo más de él. Su cadáver fue encontrado el domingo 20 en un lugar cercano a esa localidad. La autopsia reveló que fue asesinado con dos golpes de maza en la cabeza.
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Los primeros indicios fueron proporcionados por Cristian Leal (24), quien fue acusado de ser cómplice ya quien se le decretó la detención preventiva por seis meses. Después de varios días, el joven pidió declarar, ya que sus abogados Ariel Martí y Roberto Vicic le aconsejaron que no lo hiciera en ese momento.
El fiscal Ignacio López Bustos solicitó una audiencia para que el acusado pudiera testificar. La jueza Elizabeth Raddi aceptó la solicitud y ordenó que el acusado revelara todo lo que sabía sobre el caso. Leal proporcionó detalles completos.
Confesó que una mujer lo llevó a contactar a Ostriz y saldar la deuda de $200.000 que le debía a esa mujer. Luego, mencionó que él y otras tres personas fueron a buscarlo al lugar acordado y lo hicieron subir a una camioneta negra.
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También se describe la disposición de los ocupantes en el vehículo. Indicó que él, un individuo llamado “Negro Hugo” (identificado como Hugo Fernández) y la víctima se ubicaron en el asiento trasero; que el vehículo fue conducido por alguien llamado “Diego” (Tula) y en el asiento del copiloto había una mujer a la que solo conocía como “Marta” (Paz).
Entre lágrimas, el primer detenido del caso relató que durante el trayecto escuchó una discusión entre el joven secuestrado y los otros ocupantes. “Todo fue por unos tres kilos de drogas que él se quedó. Lautaro decía que no la tenía en esos momentos y que luego se las entregaría”, añadió.
Leal contó que en un momento detuvieron el vehículo y obligaron a la víctima a bajar. “Fernández le golpeó en la cabeza con una maza y, cuando estaba en el suelo, le propinó otro golpe. Luego, Diego me apuntó con un arma de fuego y me advirtió que si no lo metía en una bolsa y lo arrojaba en el lugar. donde se encontraba”, comentó.
A partir de este testimonio, el personal de la ex Brigada, dirigido por los comisarios Juana Estequiño, Diego Bernachi y Jorge Dib, solicitó la detención de los sospechosos, medida que se llevó a cabo el domingo por la mañana.
El lunes se celebró la audiencia en la que se formularon los cargos contra los dos últimos detenidos. El auxiliar Guillermo Di Lella acusó a madre e hijo de homicidio agravado por premeditación y la participación de más de dos personas, los mismos cargos que enfrentan Leal y Fernández.
Romina Campero, quien asumió la representación legal de la víctima, respaldó la acusación. “Soy empleada municipal desde hace muchos años. Sí es cierto que presto dinero, pero nunca hice nada malo”, dijo Paz cuando tuvo la oportunidad de defenderse.
“Siento una gran vergüenza por todo lo que está ocurriendo. No tengo antecedentes y ahora me involucran en este caso en el que no tengo ninguna relación”, añadió con lágrimas en los ojos.
Paz también denunció que está siendo objeto de persecución por parte de la policía. Afirmó que los problemas comenzaron cuando denunciaron a varios jefes de la Unidad Regional Este. Silvia Furque, quien ejerció la defensa de ambos acusados junto con Cergio Morfil y Gerónimo Martínez Molina, informó que hay una investigación en curso en la fiscalía de Delitos Complejos y que su titular Mariana Rivadeneira emitió una orden de protección a su favor.
“Solo presto dinero a mis compañeros de trabajo y personas cercanas. El máximo es una suma de $50.000. No tengo motivo para ocultarlo. Tengo una reputación bien establecida. Incluso los mismos policías que trabajan en el municipio se sorprenden por cómo trato a las personas que me deben dinero. Ayudo a resolver el problema a quienes no pueden devolverme. Todos me conocen como la Señora Miriam“, agregó en su declaración.
La mujer también mencionó que recientemente ha sido objeto de varios allanamientos por parte de la Unidad Regional Este. ” A partir de que los denuncié, el acoso fue mucho mayor. Tenía miedo, pero nunca me imaginé que podrían llegar a perjudicarme de esta manera. La compadezco a la familia de ese chico, pero yo no tengo nada que ver con su muerte”, comentó. La investigación del caso fue llevada a cabo por varias secciones de la ex Brigada, precisamente para evitar que la investigación se contaminara.
Tula afirmó que no estaba en la provincia en el momento en que ocurrió el asesinato de Ostriz. “Había viajado a Jujuy para recoger los juguetes que había comprado para vender en mi hogar”, explicó.
Los abogados defensores cuestionaron la investigación realizada a cabo por López Bustos debido a la falta de claridad y pruebas en el caso. ” Nosotros presentamos más evidencias que servirán para desincriminar a nuestros asistidos que los acusadores para probar su participación en el hecho”, explicó Martínez
Di Lella demandó que se le imponga prisión preventiva a los dos imputados por seis meses, aunque en el caso de la mujer, sea con la modalidad de arresto domiciliario, ya que sufre de diabetes e hipertensión. El juez Matías Graña, aún contra el rechazo de los defensores, admitió el pedido, aunque ordenó que la imposición se extienda por tres meses.
