El secretario Juan de la Cruz Roldán recurrió a la Dirección de Personas Jurídicas para impugnar tramitaciones irregulares. La presentación judicial expone la falsificación de su rúbrica y presuntas presiones para desplazar al vicepresidente legítimo tras la sanción de la AFA.
La crisis institucional en la Liga Tucumana de Fútbol sumó un capítulo de máxima gravedad. Tras la reciente sanción del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la AFA, que dispuso la suspensión por tres meses de la conducción ejecutiva integrada por el presidente Eduardo Monteros, el secretario Juan de la Cruz Roldán y el tesorero Ricardo Elías, una nueva acusación formal pone en duda la validez de las actuaciones recientes del organismo.
El propio secretario Roldán, con el patrocinio del abogado Dante Sarmiento, formalizó una denuncia ante la Dirección Provincial de Inspección de Personas Jurídicas de Tucumán. En la presentación, solicitó el rechazo de cualquier pedido de corrimiento de autoridades o validación de actas que pretendan consagrar a Walter Fabián Sánchez al frente de la entidad.
Falsificación de firma y presiones denunciadas
Bajo juramento, Roldán desconoció categóricamente la autenticidad de la firma atribuida a su persona en los trámites presentados ante el Consejo Federal de la AFA. Asimismo, denunció que la rúbrica asentada en las actas internas del 16 de octubre fue obtenida mediante “coacción moral” por parte de dirigentes de la entidad, viciando la validez del acto.
A ello sumó un planteo de nulidad absoluta, al remarcar que las autoridades firmantes ya se encontraban suspendidas en sus funciones ejecutivas, por lo que carecían de competencia legal para emitir resoluciones.
Maniobra para alterar la sucesión directiva
De acuerdo con el texto denunciado, la confección de documentación antedatada habría tenido como finalidad apartar al vicepresidente primero, Darío Zamoratte —a quien le correspondía asumir la conducción transitoria según lo ordenado por el ente rector nacional—, e imponer irregularmente a Sánchez sin la debida notificación ni respetar las pautas estatutarias.
Las irregularidades administrativas originales sancionadas por la AFA comprendían la omisión de los balances correspondientes al ejercicio 2025, la ausencia de un Tribunal de Cuentas regularizado y la acreditación de seguros mediante cuentas particulares del tesorero. Ante este nuevo escenario de inconsistencias documentales, no se descuenta una inminente intervención directa de la AFA o de los organismos de contralor provincial sobre el fútbol tucumano.
