La Asamblea Nacional de Francia aprobó este miércoles la ley que establece el derecho a la denominada “ayuda para morir”, habilitando la eutanasia y el suicidio asistido para determinados pacientes que padezcan enfermedades graves e incurables. La iniciativa, impulsada por el presidente Emmanuel Macron, obtuvo 291 votos a favor y 241 en contra, tras varios años de debate parlamentario. Sin embargo, la norma aún deberá ser revisada por el Consejo Constitucional, que podrá validar el texto, introducir observaciones o incluso declararlo inconstitucional en su totalidad.
La legislación permitirá acceder a la muerte asistida únicamente a personas mayores de edad que sufran una enfermedad incurable en estado avanzado o terminal, experimenten padecimientos considerados insoportables y puedan expresar su voluntad de manera libre, consciente e informada.
El procedimiento establece que un médico deberá evaluar si el paciente cumple con los requisitos legales, mientras que una instancia médica colegiada analizará cada solicitud. Además, el paciente podrá revocar su consentimiento en cualquier momento. En principio, la sustancia letal deberá ser administrada por el propio solicitante, aunque podrá intervenir un profesional sanitario cuando exista una imposibilidad física para hacerlo.
Con esta aprobación, Francia se incorpora al grupo de países que permiten alguna forma de muerte asistida, entre ellos Bélgica, Países Bajos, España, Luxemburgo, Canadá y Uruguay.
Cuestionamientos éticos y sociales
La aprobación de la ley generó un fuerte rechazo entre organizaciones provida, entidades religiosas y diversos sectores de la sociedad francesa, que advierten sobre las consecuencias éticas que podría tener la nueva legislación.
La Conferencia Episcopal de Francia calificó la norma como “una ruptura grave” en la historia del país y sostuvo que modifica profundamente la relación de la sociedad con la vulnerabilidad, la enfermedad, la discapacidad y la vejez. Los obispos señalaron que la respuesta al sufrimiento debería orientarse al fortalecimiento de los cuidados paliativos y al acompañamiento de los pacientes, en lugar de facilitar la muerte asistida.
Desde la doctrina de la Iglesia Católica, la eutanasia es considerada moralmente inadmisible, al entender que toda vida humana posee una dignidad intrínseca desde la concepción hasta la muerte natural. El Catecismo de la Iglesia Católica sostiene que provocar deliberadamente la muerte de una persona enferma o discapacitada constituye una acción contraria al respeto debido a la vida humana.
Además del rechazo religioso, algunas asociaciones de personas con discapacidad y especialistas en bioética manifestaron preocupación por el impacto que la ley podría tener sobre pacientes especialmente vulnerables. Entre los principales cuestionamientos figura el temor a que personas mayores, enfermas o dependientes puedan sentirse una carga para sus familias o para el sistema sanitario y, bajo esa percepción, experimenten presiones —explícitas o implícitas— para solicitar la eutanasia.
El proceso aún no concluyó
Pese a la aprobación parlamentaria, el proceso legislativo todavía no finalizó. El primer ministro Sébastien Lecornu solicitó que el Consejo Constitucional examine la constitucionalidad de la norma antes de su promulgación.
Las decisiones de ese organismo son vinculantes y podrían derivar en la validación íntegra de la ley, en la introducción de reservas sobre algunos artículos o, en casos excepcionales, en la anulación total del texto.
La iniciativa constituye una de las principales reformas sociales promovidas por Emmanuel Macron durante su segundo mandato y representa uno de los debates éticos más trascendentes que ha atravesado Francia en las últimas décadas.
