La decisión del Gobierno de Tucumán de destinar $50 millones en publicidad oficial a Canal 10 durante junio volvió a encender el debate sobre la distribución de los fondos públicos destinados a medios de comunicación.
La contratación quedó plasmada en la Resolución N.º 1733/1 de la Secretaría de Estado de Comunicación Pública y fue posteriormente analizada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia mediante el Acuerdo N.º 1899, fechado el 27 de mayo de 2026.
Según la documentación oficial, la firma Televisora Tucumán S.A.P.E.M. fue contratada para difundir publicidad oficial en horario central (“Prime Time”) entre el 1 y el 30 de junio. El pago autorizado asciende a $50 millones, sujeto a la acreditación efectiva de la prestación del servicio.
La asignación de recursos volvió a generar cuestionamientos desde distintos sectores, que plantean eliminar la pauta oficial para garantizar libertad de prensa. Entre las críticas aparecen cuestionamientos sobre una posible cercanía política e ideológica entre determinados medios y el poder provincial.
El caso reabre una discusión recurrente en Tucumán sobre el uso de la pauta estatal, el financiamiento de los medios y los mecanismos de control sobre la distribución de recursos públicos destinados a comunicación institucional.
