El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes nuevas sanciones contra 11 funcionarios del régimen cubano y tres organismos estatales vinculados a tareas de seguridad e inteligencia.
Según informó el Departamento de Estado, las medidas alcanzan al Ministerio del Interior de Cuba, la Policía Nacional Revolucionaria y la Dirección de Inteligencia, organismos señalados por Washington como responsables de la represión interna en la isla.
Entre los funcionarios sancionados se encuentran la ministra del Interior, Rosabel Gamon Verde; el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Esteban Lazo Hernández; el ministro de Energía, Vicente de la O Levy; el jefe de Contrainteligencia Militar, José Miguel Gómez del Vallín; y la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín.
Las sanciones se suman a otras medidas adoptadas recientemente por la administración del presidente Donald Trump contra estructuras vinculadas al gobierno cubano. Días atrás, Washington había sancionado al conglomerado militar GAESA, uno de los principales grupos económicos controlados por las Fuerzas Armadas de Cuba.
De acuerdo con lo expresado por Marco Rubio, las nuevas restricciones buscan limitar la capacidad operativa del régimen cubano y podrían ampliarse en las próximas semanas.
En paralelo, medios estadounidenses señalaron que la Casa Blanca avanzaría en las próximas horas con una imputación formal contra el exmandatario Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996, episodio en el que murieron cuatro ciudadanos estadounidenses.
La semana pasada, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana y mantuvo reuniones con funcionarios cubanos. Según trascendió, durante esos encuentros Estados Unidos planteó la posibilidad de avanzar en cooperación económica y de seguridad si el gobierno cubano implementa cambios políticos y de gestión.
Por su parte, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel cuestionó las nuevas sanciones y aseguró que los funcionarios alcanzados por las medidas no poseen bienes bajo jurisdicción estadounidense. Además, calificó el embargo como una política “genocida”.
