La investigación por la muerte de Gabriel Sebastián Palavecino, el hombre de 32 años que falleció ahogado mientras realizaba actividad acuática terapéutica, tuvo un avance clave este lunes. El Ministerio Fiscal imputó por homicidio culposo al profesor y al guardavidas que debían supervisarlo en el natatorio ubicado en Barrio Sur, en San Miguel de Tucumán.
La acusación fue presentada por la Unidad Especializada de Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo. Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio detalló la secuencia de los hechos y sostuvo que ambos imputados incumplieron el deber de cuidado que exigían sus funciones.
El episodio ocurrió el 19 de noviembre de 2025, cerca de las 9.30, en una pileta del Instituto Nacional de Deportes. Según la reconstrucción oficial, Palavecino permaneció sumergido, inmóvil y boca abajo durante aproximadamente seis minutos sin recibir asistencia.
La situación fue advertida recién por una persona que no fue identificada, quien logró sacarlo del agua. Sin embargo, ya no presentaba signos vitales. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión, un elemento central para avanzar con la imputación.
Desde la Fiscalía señalaron que tanto el profesor como el guardavidas actuaron con negligencia, al no advertir ni asistir a la víctima en el tiempo que correspondía. Por este motivo, ambos fueron imputados como coautores del delito de homicidio culposo.
En cuanto a las medidas judiciales, el juez dispuso restricciones por un plazo de seis meses mientras avanza la investigación. Entre ellas, la obligación de fijar domicilio, presentarse ante cada citación, no entorpecer la causa y la prohibición de salir de la provincia sin autorización.
El caso generó fuerte conmoción desde el primer momento, especialmente por las condiciones en las que se produjo. Según denunciaron sus familiares, Palavecino tenía discapacidad intelectual y requería supervisión constante durante la actividad, lo que agrava las responsabilidades de quienes estaban a cargo.
Además, en el transcurso de la investigación se conoció que el natatorio fue clausurado meses después por falta de habilitación municipal, lo que sumó cuestionamientos sobre los controles y las condiciones de funcionamiento del lugar.
Para la familia de la víctima, la imputación representa un avance en la búsqueda de justicia. Al mismo tiempo, el caso reabre el debate sobre la seguridad en natatorios, la presencia efectiva de profesionales capacitados y la responsabilidad frente a personas en situación de vulnerabilidad.
